La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a jefes comunales de todo el país, presentó un duro diagnóstico sobre la situación económica y social actual al elevar una carta al Ministerio de Economía. En el documento, advirtieron que el escenario es de “alta complejidad” y alertaron sobre el riesgo de una “catástrofe social” si no se adoptan medidas urgentes.
El planteo, dirigido al ministro Luis Caputo, señala que los municipios enfrentan una combinación crítica de caída de ingresos, aumento de costos y una creciente demanda de asistencia por parte de la población. En ese sentido, remarcaron que los gobiernos locales son el primer nivel de respuesta ante el impacto de la crisis en la vida cotidiana.
Uno de los ejes del reclamo es el deterioro fiscal. Según indicaron, la coparticipación federal cayó un 11% en el primer trimestre del año, profundizando una tendencia negativa. A esto se suman la quita de subsidios y el incremento de tarifas, que afectan tanto a las familias como a las cuentas municipales.
Los intendentes también cuestionaron el uso de recursos nacionales, al señalar que los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles no se destinan a obras viales ni a aliviar los costos del sector. Asimismo, advirtieron sobre la falta de transferencias para el transporte público, lo que agrava la situación en distintas ciudades.
En el plano productivo, el documento menciona el cierre de más de 22.000 empresas en todo el país y el impacto negativo en las economías regionales. La suba de costos y la caída del consumo, indicaron, golpean especialmente a las pymes y reducen la actividad, incluso en sectores como el turismo.
El informe también pone el foco en la situación social. De acuerdo a la FAM, la demanda de asistencia alimentaria creció un 100%, mientras que denuncian la ausencia de envíos desde Nación. Además, señalaron dificultades en el acceso a medicamentos para jubilados y problemas en la cobertura de personas con discapacidad.
Frente a este panorama, los intendentes reclamaron una serie de medidas, entre ellas la revisión del esquema de coparticipación, la regularización de transferencias, la restitución de subsidios y el refuerzo de políticas sociales y productivas. También propusieron la creación de una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Economía.
“Es imprescindible avanzar en una agenda común que permita sostener el funcionamiento de los municipios y garantizar condiciones mínimas de bienestar”, concluye el documento.