Chau cash: la Provincia obliga a usar QR en agencias, hipódromos y casinos

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires formalizó la implementación de pagos electrónicos mediante código QR para realizar apuestas en agencias oficiales, hipódromos y salas de juego. La medida introduce un esquema digital obligatorio en un sector históricamente asociado al manejo de efectivo, con el objetivo de mejorar el seguimiento de los flujos de dinero.

El sistema operará a través de QR interoperable vinculado a cuentas bancarias o tarjetas de débito. Desde el organismo sostienen que la iniciativa apunta a cerrar márgenes de opacidad en las transacciones y a fortalecer los controles sobre la actividad, en línea con la legislación nacional que exige la aceptación de medios electrónicos en actividades de consumo masivo.

Evasión, lavado y fondos sociales en la mira

El Gobierno bonaerense busca avanzar en la bancarización del juego y, al mismo tiempo, limitar prácticas asociadas a la evasión fiscal, el lavado de activos y el uso irregular de fondos provenientes de programas sociales. La trazabilidad que habilita el sistema digital es presentada como una herramienta clave para identificar movimientos sospechosos que hasta ahora quedaban fuera del radar.

La digitalización también permitirá monitorear con mayor precisión la actividad de los usuarios y establecer límites de apuesta, en línea con las políticas de prevención de la ludopatía. En ese sentido, la medida suma una dimensión de salud pública al debate sobre la regulación del juego en la provincia.

Aprobación en un organismo con vacancia

La reglamentación fue aprobada por las áreas técnicas y legales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos en un contexto institucional particular: la Secretaría Ejecutiva del organismo se encuentra vacante, lo que pone en relieve que la decisión avanzó sin conducción política designada al frente de la entidad.

La medida se enmarca en una tendencia más amplia hacia la bancarización de sectores informales y el uso de herramientas digitales como instrumento de control estatal sobre actividades de alto movimiento de dinero en efectivo.