Colegios de Corredores: exponen las imputaciones arbitrarias con las que buscan mantener el status quo

A medida que el sector inmobiliario busca encaminarse hacia un futuro con mayor competitividad y libertad, los analistas de la industria advierten sobre “cierta decadencia en los Colegios de Corredores y Martilleros, que no solo quieren mantener el status quo sino que lo hacen a través de prácticas que rozan la ilegalidad”. 

Muchos de ellos subrayan que la crisis que vienen atravesando esas instituciones –con dirigentes que se perpetúan en sus cargos, que se niegan a las innovaciones tecnológicas y que ponen obstáculos a los nuevos graduados para insertarse en el mercado– también ha quedado expuesta en la Justicia. 

Lo cierto es que tras quedar en evidencia por actuar como ejecutores de las necesidades políticas de muchos dirigentes, los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Corredores y Martilleros están bajo la lupa en múltiples distritos del país, especialmente en la Provincia de Buenos Aires. La parcialidad con la que actúan desde hace años –amparadas en acusaciones genéricas y sin pruebas concretas– ha quedado demostrada a partir de diferentes suspensiones de matrículas y de la obstaculización del trabajo de decenas de profesionales, muchos de los cuales eligen trabajar con empresas que brindan servicios inmobiliarios complementarios.

En el marco de la llamada “lucha contra las franquicias”, iniciada por los Colegios de Corredores y Martilleros hace años, las numerosas causas disciplinarias llevadas adelante contra los profesionales ya tenían la condena dispuesta de antemano y, además, se le exigía al matriculado denunciado la producción de una prueba negativa, es decir, probar que no hizo aquella actividad por la que se lo sancionaba.

“Las imputaciones carentes de sustento legal violan garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso y la defensa en juicio. Estas acciones, a menudo denominadas defectos fácticos o arbitrariedades, se caracterizan por una valoración caprichosa de pruebas, la falta de fundamentos jurídicos y la inobservancia de la ley previa”, explica un abogado. 

A través de denuncias genéricas y generalmente idénticas, se acusa a los corredores que utilizan una red inmobiliaria o marca, de franquiciar la profesión asociándose con terceros no matriculados para que ejerzan la profesión. Casi todos los sumarios están basados en las mismas imputaciones carentes de sustento legal.

De todos modos, distintas sentencias judiciales han aclarado que en cada una de las oficinas denunciadas había un corredor matriculado responsable que firmaba y sellaba todas las operaciones de reserva, boleto de compraventa y contrato de locación.

Actualmente, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires tiene decenas de estas causas contra los matriculados en “trámite administrativo”: según subrayan algunos profesionales, en este caso “trámite” no es más que un eufemismo con que los Tribunales de Disciplina se limitan a cumplir con las voluntades de los dirigentes.

Hace poco más de un año, por ejemplo, una sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata resultó bisagra al dejar al descubierto los mecanismos de hostigamiento y persecución que el Colegio de Martilleros de Mar del Plata y el Consejo Superior bonaerense utilizaron contra una corredora. El fallo también repercutió en la discriminación que han sufrido otros profesionales en estos años.

Tal como puntualizan los juristas, durante años, hubo una estrategia que les resultó fácil a los Colegios de Martilleros de la provincia de Buenos Aires. Cada vez que alguna situación olía a amenaza para su estructura de poder (como en el caso de las franquicias inmobiliarias), la táctica era la misma: se iniciaba una causa de oficio en el Tribunal de Disciplina de cualquier colegio departamental y comenzaba una investigación.

En todos los casos, el Tribunal definía una suspensión por un año para los profesionales en la mira, que, frente a ese avasallamiento, apelaban la decisión ante el Consejo Superior del Colegio de la provincia, en La Plata. En el 99% de los casos, el Consejo –en el que están todos los presidentes de Martilleros BA– ratificaba la sanción del Tribunal de Disciplina.

Ese mecanismo arbitrario fue expuesto y la Justicia consiguió frenar la discriminación y la persecución que los Colegios de Martilleros ejercen sin argumentos contra los colegiados. 

De todos modos, y a pesar de la transformación que experimenta el sector inmobiliario, las denuncias sin pruebas o con pruebas insuficientes realizadas por los Colegios siguen siendo moneda corriente, sobre todo en distritos como Mar del Plata, La Plata, San Isidro, San Martín y Ciudad de Buenos Aires.