La Provincia apeló un embargo por contaminación del Río de la Plata

La provincia de Buenos Aires apeló el embargo por $157.164 millones dispuesto por el juez federal Alberto Recondo, en el marco de una causa por la contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata. Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que deberá resolver la validez de la medida.

A través de la Fiscalía de Estado, el Gobierno bonaerense cuestionó con dureza la decisión judicial, que ordena inmovilizar esos fondos hasta que se acrediten avances en obras destinadas al saneamiento ambiental. Según el planteo oficial, se trata de una medida de “gravedad institucional” que vulnera la autonomía provincial y altera la distribución de recursos definida por los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el escrito presentado, la Provincia sostuvo que el embargo implica una “transgresión a la división de poderes” y advirtió que la inmovilización de semejante volumen de fondos podría derivar en la paralización de servicios esenciales. Además, consideró que la resolución funciona en los hechos como una sanción económica encubierta.

Un problema ambiental crítico

El fallo del juez Recondo se apoya en distintos informes técnicos que describen un cuadro alarmante. Según esos estudios, el sistema hídrico que desemboca en el Río de la Plata presenta niveles de contaminación “aberrantes”, producto del vertido sostenido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos industriales.

La situación afecta particularmente al arroyo El Gato, el río Santiago y cursos de agua de La Plata, Berisso y Ensenada, donde se detectaron altos niveles de nitrógeno y otros contaminantes asociados a desechos domiciliarios e industriales.

Peritajes realizados por la Universidad Nacional de La Plata también identificaron un “corredor costero contaminado” en el Río de la Plata, alimentado por descargas provenientes de distintos municipios ribereños.

Obras pendientes y conflicto judicial

El expediente se originó a partir de una demanda que señala la falta de políticas sostenidas para abordar el problema, una situación que —según el juez— se arrastra desde hace más de dos décadas.

La obra clave para revertir este escenario, vinculada al tratamiento y disposición final de líquidos cloacales, tiene un costo estimado de casi 246 millones de dólares y un plazo de ejecución de tres años.

Mientras la Justicia exige avances concretos, el Gobierno provincial busca frenar el embargo y reabrir la discusión sobre cómo y en qué plazos encarar una problemática estructural que impacta tanto en el ambiente como en la salud pública.