Marinucci confirmó que Buenos Aires no adherirá a la reforma nacional de la VTV

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, ratificó que el distrito no adherirá a la reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) impulsada por el Gobierno nacional y aseguró que se mantendrá el esquema vigente en territorio bonaerense.

Durante una entrevista en el programa Lado P, el funcionario explicó que la Provincia cuenta con su propia normativa y defendió la autonomía para sostener el sistema actual. “Tenemos una ley que regula la VTV y la vamos a seguir aplicando: a partir de los dos años de patentamiento, los vehículos deben verificarse y luego hacerlo de forma anual”, detalló.

En ese sentido, rechazó que se trate de una postura política: “No es que nos encaprichamos, estamos convencidos de que es necesario. Garantizar que los vehículos estén en condiciones es garantizar la seguridad vial”.

Críticas a la habilitación de talleres privados

Uno de los principales puntos de conflicto con la iniciativa nacional es la posibilidad de que talleres mecánicos y concesionarias privadas realicen la VTV. Marinucci cuestionó con dureza esa alternativa y advirtió sobre posibles conflictos de interés.

“¿Cómo puedo permitir que un taller, cuyo negocio es vender repuestos y mano de obra, haga la verificación?”, planteó. Y agregó que este esquema podría derivar en situaciones poco transparentes: desde sobrediagnósticos para generar más trabajo hasta habilitaciones sin controles rigurosos.

Frente a esto, defendió el modelo actual de plantas verificadoras, que —según explicó— se dedican exclusivamente a inspeccionar vehículos sin intervenir en su reparación.

Control, prevención y rol del Estado

El ministro también vinculó la obligatoriedad de la VTV con la prevención de accidentes y el rol del Estado en el cuidado de la población. Señaló que muchos conductores no realizarían controles periódicos si no existiera la exigencia.

“Esto obliga a hacer una revisión al menos una vez al año. Si no, muchos lo postergan indefinidamente”, sostuvo.

Por último, remarcó que la falta de controles no solo pone en riesgo a los conductores, sino que también implica mayores costos para el Estado: “Después hay que destinar recursos a atender las consecuencias de esas irresponsabilidades. El Estado tiene que cuidar la vida, la salud y la integridad de las personas”.