La Municipalidad de La Matanza quedó en el centro de la polémica tras conocerse que la Secretaría de Planificación Operativa, a cargo de Miguel Saredi, contó con un presupuesto de $132 millones anuales, pese a tener apenas cuatro empleados y sin programas de gestión visibles.
Según el documento oficial del presupuesto 2026, el área dispuso de un total de $132.239.165,50, provenientes del tesoro municipal. De ese monto, más de $111 millones se destinaron a gastos en personal, lo que representó cerca del 84% del total asignado.
La dependencia contó con una estructura reducida compuesta por un secretario, un responsable técnico, un asistente técnico y un administrativo. A pesar de ese esquema limitado, el gasto mensual en sueldos superó los $9 millones.
Ese nivel de erogación implicó ingresos superiores a los $2 millones mensuales por trabajador, cifras que contrastaron con los salarios promedio de los más de 8 mil empleados municipales.
Fuentes consultadas bajo reserva señalaron que el destino de los fondos generó dudas dentro del propio ámbito político, aunque no hubo precisiones oficiales al respecto.

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la ausencia de información sobre políticas o iniciativas impulsadas por la secretaría. No se registraron programas activos ni reportes de gestión difundidos públicamente.
El único canal institucional detectado fue una página de Facebook sin actualización sobre funciones o actividades. En ese espacio, predominaban publicaciones personales del propio funcionario y contenidos del medio El Nacional Matanza.
Según distintas versiones, ese portal estaría vinculado al propio Miguel Saredi y contaría con pauta oficial del municipio, lo que sumó interrogantes sobre el uso de recursos públicos.
La figura de Miguel Saredi también quedó bajo análisis por su recorrido político. El funcionario formó parte del PRO como concejal y, a lo largo de los años, transitó distintos espacios, incluido el peronismo y el Frente Renovador.
Ya dentro del gobierno que encabeza el intendente Fernando Espinoza, se lo vinculó con la incorporación de dirigentes provenientes de la oposición al oficialismo local.
Entre ellos, se mencionó a ex concejales como Héctor “Toty” Flores, en un esquema que reflejó acuerdos políticos transversales dentro del distrito.
El caso expuso tensiones sobre la asignación de recursos en el municipio más poblado de la Provincia de Buenos Aires, en un contexto donde la transparencia del gasto público volvió a instalarse en el centro del debate político local.