El Gobierno nacional dispuso una actualización en los costos y subsidios destinados a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de cubrir los incrementos salariales acordados recientemente para los choferes del sector.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 16/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo esquema contempla los cálculos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2026, aunque el último de estos valores continuará vigente hasta que se apruebe una nueva actualización.
Según se detalló en la normativa, el ajuste responde principalmente al acuerdo paritario alcanzado a fines de enero entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte. La actualización de las compensaciones tarifarias permitirá a las compañías afrontar los aumentos en el salario básico de los conductores, además de viáticos y gratificaciones extraordinarias pactadas hasta abril.
El nuevo cálculo de costos también incluyó la revisión de otros factores que impactan en la actividad del transporte automotor de pasajeros. Entre ellos se encuentran la actualización del precio del gasoil y de los impuestos vinculados a los combustibles, el incremento en los costos de mantenimiento de las unidades y la suba en los valores de los seguros de responsabilidad civil.
Asimismo, la resolución incorporó una ponderación específica para colectivos impulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) y por energía eléctrica, a partir de un relevamiento realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Para determinar el nivel de subsidios también se consideraron variables operativas del sistema, como los kilómetros recorridos por cada grupo tarifario, la velocidad comercial de los servicios, el factor de nocturnidad y los datos de recaudación registrados por el sistema SUBE.
De acuerdo con el texto oficial, las compensaciones tarifarias serán financiadas con recursos del Estado nacional, provenientes del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, y de partidas del Presupuesto que se transfieren al fideicomiso administrado por el Banco Nación.