Tía Maruca: exempleados de la planta de Chascomús denuncian que dejaron de pagar las indemnizaciones

Un grupo de extrabajadores de la fábrica de Tía Maruca en Chascomús denunció que la empresa dejó de pagar las cuotas de las indemnizaciones acordadas tras el cierre de la planta en septiembre de 2025. Según indicaron, el incumplimiento complicó aún más la situación económica de las 27 personas afectadas.

La planta funcionaba bajo la firma Argenzum S.A. y cesó sus actividades de manera sorpresiva, lo que dejó sin empleo a trabajadores de distintas áreas, incluida la jefa de producción. Tras el cierre, las partes firmaron un acuerdo para resolver las desvinculaciones mediante pagos en cuotas.

El acuerdo indemnizatorio y la interrupción de pagos

El convenio contemplaba el pago del 70 % de la indemnización correspondiente a cada empleado. Ese monto debía abonarse en hasta 16 cuotas, de acuerdo con la antigüedad de cada trabajador dentro de la empresa.

De acuerdo con lo informado, los pagos se realizaron con normalidad entre octubre y enero. Sin embargo, desde febrero las cuotas dejaron de abonarse y no hubo nuevas acreditaciones.

Los extrabajadores indicaron que la deuda fue asumida por la empresa Pipas, aunque hasta el momento no recibieron respuestas concretas que aporten previsibilidad sobre la continuidad del cronograma de pagos.

La falta de despidos formales y el impacto laboral

La situación se agravó por un aspecto administrativo clave. Según explicaron los afectados, no hubo despidos formales al momento del cierre de la planta.

Esa condición impidió que los exempleados pudieran tramitar el fondo de desempleo, un recurso que suele funcionar como respaldo económico mientras se busca una nueva fuente laboral.

En ese contexto, varios de los trabajadores señalaron que dependen de esas cuotas indemnizatorias para afrontar gastos básicos mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.

Mientras tanto, la producción de las galletitas Tía Maruca continua en la planta ubicada en Albardón, en la provincia de San Juan, operada por la firma Dilexis. A comienzos de 2026, esa compañía cambió de manos y pasó al empresario bonaerense Juan Carlos Crovella, en medio de un proceso de reorganización empresarial.