La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cambio de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, una decisión que se da en medio de la disputa con la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que había solicitado la designación de veedores para supervisar su funcionamiento institucional.
La medida implica que la entidad que preside Claudio Tapia dejará de estar bajo la órbita administrativa de la IGJ, dependiente del Gobierno nacional, para pasar a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
El movimiento institucional se produce en un contexto de creciente tensión entre la conducción de la AFA y el organismo de control nacional, que había impulsado medidas de supervisión sobre la entidad madre del fútbol argentino.
Con el cambio de jurisdicción, la AFA quedará bajo el marco regulatorio de la provincia gobernada por Axel Kicillof. La decisión tiene impacto no solo administrativo sino también político, dado el momento de fricción entre distintos sectores del Gobierno nacional y las autoridades del fútbol argentino.
La AFA mantiene su sede operativa en el predio de Ezeiza, donde funcionan las oficinas centrales y el complejo deportivo. El cambio informado refiere específicamente al domicilio legal de la institución.
El episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre el fútbol argentino y los organismos de control del Estado, en un escenario donde se mezclan cuestiones administrativas, regulatorias y políticas.