Corredores inmobiliarios: el debate sobre la obligatoriedad de matricularse

Con el envión que en 2025 representó el debate alrededor de la necesidad de una transformación inmobiliaria –más en línea con las nuevas demandas del mercado y los consumidores–, los próximos meses podrían ser decisivos en torno a uno de los temas más sensibles: la matriculación obligatoria.

La necesidad de dinamización que requiere el sector ha sido expuesto por múltiples analistas, así como en distintos proyectos de ley que podrían avanzar este año. La mayoría de estas iniciativas buscan promover la libre competencia entre oferentes, y asegurar a los consumidores el derecho a elegir libremente a sus intermediarios.

El diputado santafesino Alejandro Bongiovanni (PRO) ideó la Ley de Libertad Inmobiliaria, un proyecto que quiere “garantizar la libertad de acceso y ejercicio de la actividad comercial de intermediación en operaciones sobre bienes inmuebles, eliminando las restricciones legales que limiten la misma”. El diputado advirtió que “en 1973 el negocio de vender propiedades se cerró vía ley sólo a quienes cumplían ciertos requisitos y condiciones, convirtiendo en una ´profesión´ (sujeta a regulaciones provinciales y municipales) lo que es ni más ni menos que una actividad comercial más”.

Agregó que, entre otras limitaciones para la actividad, eso derivó en la matrícula obligatoria y el título universitario: “La exigencia de un título universitario y la inscripción en los colegios profesionales implica barreras artificiales que limitan el acceso a la actividad, limitando la competencia”. Bongiovanni también advirtió sobre las sanciones por ejercicio sin matrícula: “La aplicación de multas y clausuras a quienes operan sin estar colegiados constituye una forma de coerción inaceptable que atenta contra la libertad de trabajar”.

La colegiación y matriculación obligatorias también han sido analizadas por la diputada Marcela Pagano (La Libertad Avanza), que promueve eliminar la obligatoriedad de la matriculación en colegios profesionales, especialmente los inmobiliarios. La propuesta, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, sugiere que la adhesión a los colegios sea optativa, y busca abrir el debate sobre la gestión de las cajas previsionales y otros servicios que estas entidades ofrecen. “Lo que hago es cumplir con la promesa de campaña de desregular y terminar con los privilegios de la ‘casta’”, afirmó Pagano.

La diputada viene criticando duramente lo que considera privilegios de “la casta”, un término que, según afirma, no se limita a la política, sino que se extiende a diversos sectores de poder y profesionales. También busca aumentar la competencia al eliminar la necesidad de matriculación obligatoria en cada distrito.

La intención es crear el Registro Nacional de profesionales universitarios y no universitarios en el ámbito del Ministerio de Capital Humano de la Nación, en el que deberán inscribirse gratuitamente “todos aquellos profesionales universitarios y no universitarios con título de validez nacional, para ejercer su profesión en todo el territorio de la República”. Ese registro reemplazaría la matrícula obligatoria en los respectivos Colegios, Consejos, Asociaciones de profesionales y organismos análogos que actualmente regulan el ejercicio de la profesión. Así, la inscripción sería gratuita y única para ejercer en todo el país, reemplazando las matrículas provinciales.

Del mismo modo, también la Legislatura de Entre Ríos se prepara para discutir un proyecto de ley que busca actualizar el régimen del corretaje inmobiliario, vigente desde 2006. La iniciativa, presentada por la diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos), apunta a flexibilizar las normas que regulan la actividad y adecuarlas a las nuevas exigencias del mercado.

Lo cierto es que en Argentina la obligatoriedad de estar dentro de un Colegio hace que los corredores deban pagar, en promedio, 3.000.000 de pesos para obtener su matrícula, más de 600 mil pesos de cuota anual y dos millones de aportes; además de alrededor de un 6% de las comisiones totales por las operaciones realizadas.