La Justicia le dio dos semanas al Gobierno para aplicar la ley de emergencia

La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional cumplir de manera efectiva con la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, y fijó un plazo de dos semanas para su implementación total. La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, que advirtió que, en caso de incumplimiento, se aplicarán multas a los funcionarios responsables.

La ley, sancionada para garantizar la continuidad de prestaciones esenciales, busca asegurar el acceso a tratamientos, medicamentos, servicios de rehabilitación y asistencia para personas con discapacidad en todo el país. Sin embargo, distintas organizaciones denunciaron demoras en su aplicación, recortes en coberturas y dificultades para sostener las prestaciones.

El fallo judicial establece que el Estado debe adoptar medidas concretas para garantizar el financiamiento del sistema y el funcionamiento de los servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los puntos señalados, se remarca la necesidad de regularizar pagos a prestadores, asegurar la cobertura de obras sociales y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Desde el ámbito judicial se sostuvo que la falta de cumplimiento vulnera derechos básicos y afecta de manera directa a uno de los sectores más sensibles de la población. Por ese motivo, el magistrado resolvió fijar un plazo perentorio para que el Ejecutivo adopte las medidas necesarias.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue impulsada ante el deterioro del sistema de prestaciones y el aumento de los costos en insumos médicos, transporte y servicios de apoyo. Su objetivo es garantizar la atención integral y evitar interrupciones en los tratamientos.

Organizaciones del sector vienen reclamando desde hace meses una respuesta concreta del Gobierno, al advertir que muchas personas quedaron sin cobertura o con servicios reducidos. Ahora, con la intervención de la Justicia, el Ejecutivo deberá dar cumplimiento efectivo a la normativa o enfrentar sanciones económicas.