Proponen endurecer las sanciones para la conducción imprudente en playas y dunas

En el marco de otro verano atravesado por accidentes en playas y sectores de dunas de distintos distritos turísticos, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, anunció que promoverá una iniciativa legislativa para endurecer las sanciones contra quienes conduzcan de manera imprudente en estos espacios recreativos.

La propuesta apunta a modificar la Ley de Tránsito para incorporar penalidades más estrictas frente a conductas temerarias, especialmente en playas y dunas, ámbitos donde conviven peatones, familias, niños y turistas. El proyecto será presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y busca dar respuesta a una problemática que se repite cada temporada estival.

Desde hace años, municipios costeros advierten sobre un vacío legal, ya que la Ley Provincial de Seguridad Vial 13.927 no regula de manera específica la circulación vehicular en playas. Ante esa ausencia normativa, los distritos han recurrido a ordenanzas locales para intentar ordenar la situación, con resultados dispares.

Villa Gesell, por ejemplo, prohibió el ingreso de vehículos a la playa entre el centro y Mar Azul, mientras que Tres Arroyos adoptó medidas similares en Claromecó. Monte Hermoso restringió el estacionamiento en sectores costeros y Coronel Rosales limitó la circulación en áreas de Pehuen Co. Sin embargo, en zonas como “La Frontera”, al norte de Pinamar, los accidentes protagonizados por cuatriciclos se repiten año tras año, incluso con consecuencias fatales.

“Es necesario actualizar la legislación para que contemple la realidad de los destinos turísticos y permita aplicar sanciones más duras y efectivas”, sostuvo Barrera, quien remarcó la importancia de reforzar la seguridad vial, la protección del ambiente y la convivencia responsable en las playas.

Actualmente, las infracciones se encuadran en el régimen general de tránsito, con multas que oscilan entre los 180 mil y 1,8 millones de pesos por faltas como circular sin casco, sin registro o sin VTV. En ese contexto, los municipios quedan a cargo de la administración y el control de las playas, muchas de ellas concesionadas con fines turísticos, lo que vuelve más complejo el cumplimiento efectivo de las normas.