miércoles 07 de enero de 2026 - Edición Nº2590

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Patrimonio Bonaerense

El Castillo de Cañuelas será expropiado y podría convertirse en un nuevo polo judicial

La Legislatura bonaerense sancionó la ley que autoriza la expropiación de El Castillo, un histórico edificio del partido de Cañuelas. La norma habilita su eventual transferencia a la Suprema Corte provincial para usos judiciales, en medio de expectativas y debates sobre su destino y preservación.



El histórico edificio conocido como El Castillo de Cañuelas se encamina a un cambio significativo en su historia tras la sanción y publicación de la ley provincial 15.603, que autoriza su expropiación por parte del Estado bonaerense y habilita su transferencia a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia para la instalación de dependencias judiciales en el distrito.

La normativa declara de utilidad pública el inmueble, ordena la toma de posesión urgente y establece el pago correspondiente a sus actuales propietarios, dando un paso formal hacia la incorporación del edificio al patrimonio del Estado provincial.

El Castillo de Cañuelas es una construcción de alto valor histórico y arquitectónico, vinculada a distintas etapas de la historia local. A lo largo de casi un siglo, el edificio —ubicado en una zona rural del partido— tuvo múltiples usos y atravesó períodos de abandono y recuperación parcial, lo que lo convirtió en un símbolo y en objeto de debate dentro de la comunidad.

La expropiación es presentada por sus impulsores como una herramienta para garantizar la preservación del inmueble y asegurarle un uso público permanente. En ese marco, el destino judicial aparece como una alternativa para darle funcionalidad al edificio sin perder su carácter patrimonial.

No obstante, la medida también despertó discusiones en distintos sectores, tanto por los costos que implica el proceso de expropiación como por los desafíos que presenta la puesta en valor y el mantenimiento de una construcción histórica. Vecinos y actores locales coinciden en que cualquier intervención deberá respetar la identidad del lugar y su significado para la comunidad.

Con la ley ya vigente, el proceso continuará con la valuación del inmueble, la negociación con los propietarios actuales y la planificación de las obras necesarias para su adaptación al uso previsto. 
 

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