La Justicia federal falló a favor de las universidades nacionales y ordenó al Gobierno nacional avanzar en la actualización de salarios docentes, becas estudiantiles y fondos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario, en medio del conflicto por el ajuste presupuestario aplicado durante 2024 y 2025.
La resolución judicial hizo lugar a una medida cautelar que exige al Ejecutivo garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, ante la falta de transferencias actualizadas y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, así como de las ayudas económicas destinadas a estudiantes.
Según se desprende del fallo, el Estado nacional deberá regularizar los montos correspondientes al funcionamiento del sistema universitario, que incluye tanto la recomposición salarial como el financiamiento de becas, considerados elementos centrales para el sostenimiento de la educación superior pública.
Desde los gremios universitarios destacaron que la decisión judicial representa un respaldo a los reclamos del sector y advirtieron que el incumplimiento de la ley impactó de manera directa en el normal funcionamiento de las casas de estudio, profundizando el deterioro salarial y las dificultades para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes.
El fallo se suma a una serie de resoluciones judiciales que cuestionan el recorte de fondos y refuerzan la obligación del Gobierno de respetar las partidas aprobadas por el Congreso para el sistema universitario, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el ámbito académico.