Escándalo en la AFA: investigan lotes en Pilar ligados a "Chiqui" Tapia y presuntos testaferros

La Policía Federal Argentina allanó dos terrenos del barrio cerrado Ayres Plaza, en Pilar, como parte de la causa que indagaba presuntos vínculos patrimoniales del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El operativo fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas.

La medida se ejecutó sobre lotes que figuraban como espacios a construir pero que, según los investigadores, habrían albergado una vivienda donde podría encontrarse documentación relevante. Ambos pertenecían a la empresa Real Central SRL, una firma señalada por denunciantes como una pantalla vinculada a la dirigencia futbolística.

Quiénes son los dueños de la firma involucrada

Los propietarios de Real Central SRL eran Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. El escrito presentado por referentes de la Coalición Cívica describió a ambos como presuntos prestanombres. Conte recibió el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020 y se jubiló en 2021, mientras que Pantano registraba deudas bancarias y actividad como monotributista.

El expediente mencionó además que Pantano fue nombrado en 2021 como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa y, un año después, asumió como protesorero del Club Almirante Brown. Estos antecedentes generaron sospechas entre los denunciantes acerca del origen de los fondos utilizados para comprar la propiedad investigada.

La denuncia y los argumentos del espacio político

El presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, reiteró días atrás sus acusaciones respecto de una mansión de ciento cinco mil metros cuadrados que figuraba a nombre de la misma firma y que, según su planteo, pertenecía realmente a Tapia y Toviggino. “Los supuestos dueños de la mansión son un monotributista y una jubilada”, afirmó en declaraciones brindadas al canal Crónica HD.

Yofe sostuvo que el capital societario de Real Central SRL, declarado en cincuenta y ocho millones de pesos, no era suficiente para adquirir un inmueble de ese tamaño en una zona de alta valuación. Su denuncia apuntó a que el patrimonio correspondería, en realidad, a los dirigentes de la entidad del fútbol argentino.

La mirada judicial sobre el caso

El juzgado avanzó con las medidas de prueba para determinar si existían desfasajes entre los activos de la empresa y el perfil económico de sus titulares. La hipótesis buscó establecer si hubo eventuales maniobras para ocultar bienes mediante estructuras societarias que funcionaran como intermediarias.

Las tareas en Ayres Plaza formaron parte de una secuencia de diligencias orientadas a reconstruir la titularidad real de varias propiedades. Con la información recabada, el magistrado esperaba definir los próximos pasos del expediente, en una causa que sumó repercusiones en el ámbito futbolístico y político.