Trabajadores de la Clínica Santa Isabel de San Nicolás y del Hospital Italiano Regional del Sur de Bahía Blanca denunciaron retrasos salariales, despidos irregulares e incertidumbre operativa. Ambas instituciones privadas enfrentaron situaciones financieras críticas que profundizaron el malestar entre sus planteles profesionales.
En la clínica nicoleña, empleados y exempleados del Instituto de Enfermedades de la Personalidad Santa Isabel señalaron acumulación de haberes sin cancelar y pago parcial de remuneraciones. A través de un comunicado, describieron un panorama “crítico” y reclamaron que las autoridades laborales tomaran medidas inmediatas.
Los manifestantes denunciaron tres meses de sueldos adeudados, además de aguinaldos que permanecían sin liquidar desde diciembre de 2023. También plantearon presuntos despidos injustificados, a los que calificaron como “encubiertos”, junto con episodios de acoso y amenazas que agravaron el clima interno.
La protesta reunió a personal activo y despedido, que exigió la reincorporación de quienes habían sido cesanteados. Los voceros del grupo convocaron una nueva movilización para el próximo diez de diciembre, mientras solicitaron intervención oficial para frenar lo que consideraron vulneraciones de derechos elementales.
El Hospital Italiano Regional del Sur atravesó un proceso de deterioro que impactó directamente en su funcionamiento cotidiano. En noviembre, la gerenciadora Confederada Salud dividió el pago de salarios de octubre en dos tramos y luego comunicó que los sueldos de noviembre se cancelarían en cuatro cuotas, sumadas a otra destinada al aguinaldo.
La falta de claridad sobre el rol de Confederada Salud profundizó la incertidumbre. Según relató el delegado sindical Ramiro Palleros, las autoridades presentaron un escenario “sombrío”, con deudas significativas y el planteo de avanzar hacia un concurso de acreedores, una alternativa que los trabajadores asociaron con un posible cierre.
El anuncio generó inquietud entre los profesionales, que buscaron asesoramiento de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina para comprender el alcance legal de la propuesta. Aunque en noviembre realizaron medidas de fuerza, el personal decidió esperar la orientación gremial antes de definir nuevas protestas.
La simultaneidad de estos conflictos expuso un deterioro profundo del financiamiento en el sistema de salud privado bonaerense. En ambos casos, el personal reclamó previsibilidad y garantías laborales frente a estructuras administrativas debilitadas, mientras se aguardaba una respuesta de las autoridades para revertir la crisis.