El oficialismo evalúa convocar al Congreso a sesiones extraordinarias con la intención de ordenar el escenario político antes del cierre del año. La decisión aún no fue formalizada y se mantiene a la espera del decreto que establezca fechas y temario. Sin embargo, dentro del Gobierno circulan áreas consideradas prioritarias que podrían transformarse en el eje de una agenda legislativa ampliada.
Entre los posibles temas que ganarían protagonismo se encuentran iniciativas vinculadas a reformas laborales, orientadas a revisar modalidades de contratación, marcos regulatorios y condiciones de empleo. Estos cambios, de concretarse, tendrían impacto directo en las relaciones laborales y en la estructura del mercado de trabajo.
Otro punto en evaluación es una reforma tributaria, pensada para modificar la estructura impositiva vigente y reconfigurar el esquema fiscal. La discusión podría abarcar desde impuestos nacionales hasta regímenes especiales, con el objetivo de simplificar normativas y redefinir ingresos del Estado.
También se mencionan posibles ajustes en el marco regulatorio general, vinculados a normas económicas y administrativas que el oficialismo busca actualizar para reforzar su programa de gestión. Este paquete, aún sin detalles públicos, podría incluir modificaciones en organismos de control, criterios de funcionamiento estatal o marcos de inversión.
Aunque ninguno de estos temas fue confirmado oficialmente, forman parte del análisis interno del Ejecutivo y marcan la orientación de las conversaciones de los últimos días. En un contexto legislativo sin mayorías propias, la definición del temario será decisiva para medir el nivel de acompañamiento que podrá conseguir el Gobierno.
Mientras tanto, bloques parlamentarios, sindicatos y sectores productivos siguen con atención la posibilidad de que se active el llamado. La firma del decreto no solo reabriría la actividad legislativa en un período inusual, sino que también delinearía la agenda política con la que el oficialismo pretende arrancar el próximo año.