Procesaron al presidente de un frigorífico por contaminar el Río Salado

El juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, resolvió este miércoles procesar al presidente del frigorífico La Canaria S.A., de Roque Pérez, en el marco de una causa por contaminación del río Salado. La decisión incluye un embargo de 10 millones de pesos y descarta el sobreseimiento que había solicitado la defensa, aunque el acusado continuará el proceso en libertad.

La investigación se inició tras una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), que tomó intervención luego de la difusión de imágenes que mostraban descargas de efluentes industriales en canales vinculados al río Salado. El expediente pasó al Juzgado Federal de Azul en noviembre de 2023, luego de que el tribunal de Dolores se declarara incompetente.

A partir de informes elaborados por la Autoridad del Agua (ADA), el Ministerio de Ambiente bonaerense y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, se constató la presencia reiterada de sustancias que superaban los parámetros legales. Los análisis detectaron altos niveles de Demanda Biológica y Química de Oxígeno, sólidos sedimentables, fósforo total y coliformes fecales en muestras tomadas entre 2023 y 2025.

Para el magistrado, la acumulación de infracciones y la dirección del vertido hacia el río permitieron dar por probada la maniobra prevista en el artículo 55 de la Ley 24.051, que penaliza la contaminación peligrosa del ambiente y establece penas de tres a diez años de prisión. El directivo evitó declarar y presentó un descargo por escrito, en el que calificó los hechos como irregularidades administrativas, pero el juez consideró que esos argumentos no desvirtuaban la evidencia técnica reunida.

Di Giulio resolvió entonces avanzar con el procesamiento, aunque sin prisión preventiva al no advertir riesgos procesales. El embargo dispuesto busca asegurar eventuales responsabilidades económicas y la posible recomposición ambiental. Desde la sede fiscal destacaron que se trata del primer procesamiento en materia penal ambiental dictado en Azul y remarcaron que el fallo fortalece la política judicial orientada a sancionar delitos que afecten los recursos hídricos y la salud pública.