La decisión de la Justicia detuvo por sesenta días las tareas vinculadas al proyecto para instalar un bar de gin junto al Faro de la Memoria, tras considerar que las obras podrían comprometer la preservación de elementos relevantes para causas por delitos de lesa humanidad. El fallo generó un nuevo capítulo en la disputa entre el municipio y la querella.
El pronunciamiento fue firmado por los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, quienes ordenaron frenar cualquier actividad en el predio costero mientras se analizan los posibles impactos sobre el terreno. Para el tribunal, resultaba necesario determinar si la remoción del suelo o la modificación del entorno podía afectar evidencia histórica.
La Cámara instó a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires a presentar información detallada sobre los riesgos que el emprendimiento podría generar. La organización advirtió que las parcelas integraban “una unidad inescindible” y que cualquier alteración podría poner en peligro futuras investigaciones.
El conflicto tuvo origen en agosto de 2024, cuando el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó una ordenanza que habilitó el uso precario de una fracción fiscal para el proyecto gastronómico. El oficialismo local argumentó que la parcela estaba separada de la ex ESIM, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
La normativa permitió la ocupación parcial del terreno por parte de la Asociación de Fomento Faro Norte y posibilitó la construcción de un espacio destinado a la elaboración de bebidas espirituosas. El estacionamiento y la carga de insumos debían realizarse íntegramente dentro del mismo lote.
Para la parte querellante, la postura del municipio se apoyó en un argumento engañoso al considerar el lote como ajeno al sitio histórico. La entidad remarcó que la afectación del suelo, la tala de vegetación o la modificación de estructuras podía perjudicar la recolección de pruebas vinculadas a crímenes de las Fuerzas Armadas.
En su presentación ante la Cámara, la asociación solicitó frenar cualquier intervención hasta garantizar que el valor testimonial del lugar no quedara comprometido. También subrayó la necesidad de preservar el entorno para asegurar la continuidad de los procesos de memoria y verdad en Mar del Plata.
Con la suspensión vigente, el emprendimiento quedó paralizado mientras el tribunal analiza los informes solicitados y define si las obras pueden retomarse sin poner en riesgo un espacio considerado fundamental para reconstruir episodios centrales del período represivo.