La Provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo marco que definió reglas para el desarrollo y uso de inteligencia artificial en la administración estatal, a través de una resolución que estableció criterios obligatorios orientados a la protección de derechos y a la supervisión del funcionamiento de estas herramientas.
La medida fijó principios generales para todos los organismos públicos bonaerenses que diseñaran, adoptaran o contrataran sistemas automáticos, incorporando parámetros vinculados con transparencia, neutralidad tecnológica, seguridad y resguardo de datos personales dentro del ámbito provincial.
Según la Resolución 9/2025, la Subsecretaría de Gobierno Digital aprobó las “Reglas para el desarrollo, implementación y uso responsable de sistemas de Inteligencia Artificial”, que dispusieron por primera vez un marco único y obligatorio para quienes aplicaran estas tecnologías en la gestión administrativa.
El texto oficial destacó que las pautas tuvieron como objetivo principal garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, además de promover un uso calificado mediante estándares que evitaran sesgos y aseguraran un comportamiento verificable en cada proceso.
La norma formuló una clasificación de riesgos para sistemas automáticos, que ordenó sus niveles de impacto e incorporó la prohibición de herramientas consideradas de riesgo inaceptable, como aquellas destinadas a manipular comportamientos mediante técnicas subliminales o generar perfiles de “scoring social”.
Los sistemas de alto riesgo quedaron sujetos a evaluaciones estrictas, incluyendo desarrollos vinculados con identificación biométrica, administración de infraestructuras críticas, servicios vinculados con justicia o procedimientos laborales dentro del territorio bonaerense.
La resolución también contempló categorías de riesgo limitado y nulo, que incluyeron chatbots sin tratamiento de datos sensibles y herramientas con impacto insignificante, siempre bajo requisitos de transparencia para evitar usos indebidos y asegurar una interacción clara con la ciudadanía.
Los organismos deberán advertir cuando la población interactuara con sistemas automáticos y registrar los desarrollos en un Registro Provincial de Inteligencia Artificial, cuya organización quedó a cargo de la Dirección Provincial de Innovación Digital, designada como autoridad de aplicación por el Ministerio de Gobierno.
El nuevo marco consolidó lineamientos destinados a prevenir fallas, exigir evaluaciones preliminares de riesgo y establecer mecanismos de gobernanza de datos que acompañaran todo el ciclo de vida de cada sistema dentro de los organismos bonaerenses.
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