El Gobierno lanzó una nueva licitación para privatizar rutas clave en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno Nacional avanzó esta semana con su plan de privatización de rutas al habilitar un nuevo llamado a licitación para sumar más corredores viales a la Red Federal de Concesiones. La decisión llega en un contexto marcado por reiterados reclamos por el deterioro del asfalto en distintos tramos bonaerenses.

Luego de adjudicar una primera etapa que incluyó 741 kilómetros, ahora comenzó el concurso para otros dos grandes segmentos que totalizan más de 1.800 kilómetros. Estas zonas, denominadas Sur Atlántico Acceso Sur y Pampa, abarcan rutas nacionales esenciales para la circulación dentro de la provincia de Buenos Aires. Las empresas que resulten seleccionadas deberán construir, mantener, gestionar y explotar los corredores mediante el sistema de peaje automatizado conocido como free-flow.

Dentro del denominado Tramo Sur se encuentra uno de los corredores que mayor presión social acumula: la ruta 3 entre Cañuelas y Bahía Blanca, foco de exigencias por obras de mantenimiento y la postergada autovía. Ese mismo tramo incluye también la ruta 205 entre Cañuelas y Bolívar, lo que en conjunto suma alrededor de 870 kilómetros.

El subtramo Atlántico incorpora 404 kilómetros de la ruta nacional 226, desde Bolívar hasta Mar del Plata, una vía estratégica tanto para el turismo como para el sector agropecuario. Solo en 2024, por la estación de peaje de Hinojo circularon más de 600 mil camiones y 1,6 millones de autos, según datos oficiales.

A esto se suma el subtramo Acceso Sur, que pese a ser el más corto es uno de los más transitados del país: incluye 30 kilómetros de la autopista Ezeiza-Cañuelas, 13 de la Riccheri y 6 de la Newbery. La estación de peaje Agüero registró más de 50 millones de pasos vehiculares el año pasado.

El segundo gran bloque de esta etapa es el Tramo Pampa, compuesto por 546 kilómetros de la ruta 5, que une Luján con Santa Rosa y constituye un eje clave de conexión entre el centro y el oeste bonaerense.

De acuerdo con la normativa publicada, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de febrero. Después, una comisión evaluadora integrada por dos abogados y un contador será la encargada de analizar las propuestas y definir las adjudicaciones para cada corredor.