La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires dio algunas precisiones ante la promulgación del Decreto 787/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que deroga el Decreto 2417/93, referido a la regulación de los aranceles de los institutos educativos de gestión privada.
Desde la cartera que conduce Alberto Sileoni informaron que las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que constituyen más del 70 % en la provincia de Buenos Aires, "continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización de esta Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente".
Según aclararon, en el caso de las instituciones sin aporte estatal, el nuevo decreto nacional los exime de la regulación anterior, que consistía en la obligación de informar a autoridades y familias, hacia el mes de octubre sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas, que regirían el año siguiente.
Pese a esto, la DGCyE ratificó que "toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal, deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales".