La crisis de la industria láctea sumó un nuevo capítulo con la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor. La decisión del juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial N° 29, dispuso la liquidación final de la compañía y el cierre definitivo de sus instalaciones.
En Lincoln, donde funcionaba la planta principal, 180 trabajadores quedaron sin empleo. Además, otras 200 personas desempeñaban tareas en la fábrica y el centro de distribución que ARSA mantenía en Córdoba, alcanzando un total de 400 despidos. La red logística de la empresa abarcaba 165 distribuidores y llegaba a 70.000 comercios en todo el país.
La firma había sido gestionada por el Grupo Vicentin desde 2016, cuando la cooperativa SanCor le cedió la operación por 100 millones de dólares. En los últimos años, la empresa fue dirigida por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también responsables de La Suipachense, a través de Maralac S.A.
El proceso de disolución se activó tras el fracaso del concurso de acreedores iniciado en abril de 2024. Pese a que circularon versiones sobre posibles oferentes, ningún interesado se presentó para el salvataje, lo que derivó en la quiebra definitiva.
Durante los últimos meses, los empleados denunciaron pagos parciales, sueldos en cuotas y atrasos constantes. En algunos casos, se percibía apenas el 25% del salario en negro, con jornadas completas de trabajo.
Además, la empresa acumulaba más de tres años sin realizar aportes a la obra social, lo que puso en riesgo la cobertura médica de las familias afectadas.
El sindicato del sector sostuvo las prestaciones y asistencia a los trabajadores a pesar de las dificultades. Desde la planta de Lincoln, empleados expresaron su preocupación por el futuro de la comunidad, fuertemente dependiente de la actividad industrial.
La caída de ARSA se suma a otros casos recientes de crisis dentro del sector, que viene afectado por la baja del consumo, el aumento de costos y las restricciones financieras. En su presentación judicial, la empresa había responsabilizado a la situación económica del país y a políticas de control de precios implementadas por el gobierno anterior.
Con esta decisión judicial, SanCor pierde a su principal proveedor de postres industriales, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de esas líneas de productos en el mercado.
La noticia golpeó con fuerza a Lincoln, una ciudad que ve amenazada una de sus fuentes laborales más importantes.