Privatización nuclear: el Estado venderá el 49% de Nucleoeléctrica en un año

El Gobierno Nacional oficializó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. A través de la Resolución 1751/2025, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que el traspaso de acciones al sector privado deberá concretarse en un plazo máximo de un año.

El nuevo esquema de propiedad prevé que el Estado argentino retenga el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante será abierto a inversores: un 5% destinado a los trabajadores mediante un programa de propiedad participada, y un 44% ofrecido en bloque a través de una licitación pública nacional e internacional.

Un proceso bajo control estatal

La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la Secretaría de Energía deberá coordinar el proceso junto a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que realizará un inventario de bienes tangibles e intangibles y evaluará su impacto en la valuación de la compañía.

El objetivo, según el texto oficial, es garantizar “transparencia y eficiencia” en el proceso de apertura accionaria, asegurando que el Estado mantenga el control estratégico sobre la generación de energía nuclear.

El papel de Nucleoeléctrica Argentina

La empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. administra las tres plantas nucleares del país, que en conjunto aportan el 7% de la energía eléctrica nacional. Con una potencia instalada de 1.763 megavatios, las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse son consideradas pilares de la matriz energética argentina.

El Ministerio de Economía posee actualmente el 79% del capital accionario, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el 20%, y Energía Argentina (Enarsa) el 1% restante.

Resultados récord y valuación estimada

Durante 2024, Nucleoeléctrica Argentina alcanzó un récord de producción con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%, su nivel más alto en dos décadas. Analistas del sector estiman que la empresa podría alcanzar una valuación de entre 560 y 1.000 millones de dólares, dependiendo de las condiciones del mercado y del grado de participación privada.

El argumento del Ejecutivo: eficiencia y equilibrio fiscal

En los fundamentos de la resolución, el Poder Ejecutivo sostuvo que “la intervención estatal en actividades que pueden ser realizadas por el sector privado no ha brindado resultados eficientes”. Además, destacó que el plan de privatización busca “nivelar las reglas de juego en la generación eléctrica” y “reducir el déficit fiscal mediante una gestión más rentable”.

El documento también recordó que durante 2023 la compañía recibió transferencias no reintegrables del Estado por aproximadamente 700 millones de pesos, cifra que —según la administración de Javier Milei— refleja la necesidad de “una reestructuración que permita autonomía operativa”.

Una apertura con implicancias estratégicas

El inicio del proceso marca un cambio histórico en el sector nuclear argentino, tradicionalmente bajo control estatal. Mientras el Gobierno defiende la medida como una apuesta por la eficiencia y la inversión privada, especialistas advierten que será clave preservar la seguridad y soberanía energética en un rubro altamente sensible.

Con esta privatización parcial, el Ejecutivo busca consolidar su política de desregulación económica, avanzar en la atracción de capitales y reordenar el mapa energético nacional sin perder el control mayoritario de una de las empresas más estratégicas del país.