Las organizaciones 1810 Vecinos Unidos y JUVEVIR, del partido de Pilar, intensificaron sus acciones judiciales y comunitarias para exigir el cumplimiento de los fallos que ordenan el cierre definitivo de las centrales termoeléctricas instaladas en Villa Rosa y Matheu. Las entidades presentaron nueva documentación ante el Juzgado Federal de Campana y reiteraron su rechazo a una posible prórroga.
El reclamo se reactivó luego de que los vecinos tomaran conocimiento de una nueva solicitud presentada por la empresa SCC Power S.A. —ex Stoneway— para continuar operando, amparándose en la “emergencia energética” y con aval del Ministerio de Economía, CAMMESA y la Secretaría de Energía.
El presidente de 1810 Vecinos Unidos, Raúl Regis, mantuvo un encuentro con el subsecretario de Energía, Damián Sanfillippo, quien confirmó la presentación de la compañía. En respuesta, los vecinos solicitaron audiencias con el intendente Federico Achával y con el juez federal Adrián González Charvay, para reclamar que se respete la sentencia judicial vigente.
Durante la semana, representantes de ambas asociaciones fueron recibidos por la Secretaría del Juzgado Federal de Campana, donde entregaron una nota que detalla los incumplimientos de la empresa y exige el cumplimiento inmediato de las resoluciones judiciales. La apertura de ese canal institucional motivó la suspensión de una movilización prevista frente al tribunal.
El viernes, 1810 Vecinos Unidos por Pilar presentó formalmente su escrito judicial, acompañado por la abogada Teresita De León Salgues, de JUVEVIR, y el asesor legal Gustavo Coronel. En la presentación, ambas organizaciones manifestaron su oposición a cualquier nueva prórroga operativa y denunciaron que la empresa ha incumplido reiteradamente sus compromisos de desmantelamiento.
El propio Municipio de Pilar presentó su descargo en la causa, oponiéndose también a la extensión del funcionamiento de las plantas y respaldando el reclamo de los vecinos.
Los colectivos vecinales sostienen que las termoeléctricas afectan la salud y el ambiente de la comunidad. Desde JUVEVIR remarcaron que “el cierre definitivo de las plantas es una deuda pendiente con el derecho a vivir en un entorno sano y sustentable”.
Ambas entidades señalaron que continuarán con sus gestiones ante la Justicia y los organismos nacionales hasta lograr el cumplimiento efectivo del fallo judicial.
En un comunicado conjunto, JUVEVIR y 1810 Vecinos Unidos por Pilar reafirmaron su compromiso con la defensa del ambiente: “No bajaremos los brazos hasta que las termoeléctricas sean retiradas y se respete el derecho de los vecinos a un Pilar sano, limpio y sustentable”.
El reclamo, que ya lleva varios años, volvió a posicionar a Pilar como uno de los distritos bonaerenses donde el ambientalismo comunitario marca la agenda pública.