Un relevamiento de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPBA) encendió las alarmas por la multiplicación de jardines de infantes irregulares en la provincia de Buenos Aires. Solo en La Plata y alrededores se detectaron más de 100 establecimientos que funcionan sin reconocimiento oficial ni control estatal, lo que los convierte en espacios ilegales.
Desde la entidad definieron a los llamados jardines truchos como aquellos que no cuentan con supervisión de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), organismo responsable de regular la actividad educativa privada en territorio bonaerense.
El informe señala que la proliferación de estos espacios representa un “riesgo para la seguridad, la educación y los derechos de miles de niños y niñas”, con presencia no solo en La Plata, Brandsen, Magdalena, Berisso, Ensenada y Punta Indio, sino también en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Tres de Febrero y Hurlingham.
“Estos establecimientos no cuentan con personal docente titulado, supervisión pedagógica ni control estatal, lo que significa que nadie garantiza qué se enseña, cómo se enseña ni quién lo hace”, advirtió Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA.
Además de la falta de control educativo, los jardines que no tienen autorización no acreditan condiciones edilicias seguras ni protocolos de emergencia, lo que pone en riesgo la integridad de los niños. En cambio, los centros reconocidos por la DIEGEP deben cumplir con normas de seguridad edilicia, ventilación, sanitarios adecuados y sistemas de emergencia médica.
En el marco del proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026, la AIEPBA difundió una serie de consejos para evitar ser víctimas de jardines irregulares.
Entre ellos, destacaron:
Solicitar el número de DIEGEP o verificarlo en la página oficial antes de inscribir al niño o niña.
Confirmar que el personal docente cuente con título habilitante.
Asegurarse de que el edificio haya sido inspeccionado y cumpla con las condiciones de seguridad.
Verificar la existencia de protocolos de salud, higiene y emergencia.
Comprobar que el establecimiento tenga proyecto educativo oficial y continuidad pedagógica.
La AIEPBA, que agrupa a más de 4.000 instituciones privadas de todo el país, advirtió que la falta de control estatal sobre estos espacios irregulares puede tener consecuencias graves tanto en la formación de los niños como en su seguridad.