
Las universidades nacionales siguen con atención dos frentes clave: la definición del presupuesto 2026 y la ejecución de los fondos correspondientes al segundo cuatrimestre del año. En ese contexto, docentes y gremios del sector reclaman que el Gobierno de Javier Milei promulgue la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada recientemente por el Congreso tras el veto presidencial.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que encabeza Carlos de Feo, anunciaron una jornada nacional de protesta para este martes 21 y miércoles 22 de octubre. La medida incluye un paro de 24 horas, que se activará “a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales” si el Poder Ejecutivo continúa sin promulgar ni ejecutar la norma.
En el mismo sentido, la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) confirmó su adhesión al plan de lucha y advirtió: “Si no se promulga la ley, hay paro”. El conflicto se centra en los plazos legales, ya que el Senado aprobó la ley el 2 de octubre, y el Ejecutivo dispone de 10 días hábiles para expedirse desde su notificación.
En CONADU temen que el Gobierno repita la estrategia utilizada con la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgándola pero suspendiendo su aplicación hasta que el Congreso le asigne una partida presupuestaria específica. “Es muy probable que el Gobierno haga lo mismo con la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó De Feo.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “toda ley con su financiamiento definido será reglamentada y ejecutada”, aunque dejó entrever que el Ejecutivo podría pedir correcciones si considera que la norma tiene “defectos”.
Mientras tanto, las universidades y sus docentes esperan una definición oficial, en medio de una creciente preocupación por los recortes presupuestarios y la pérdida del poder adquisitivo del salario docente.