El Colegio de Inmobiliarios mantiene silencio sobre los polémicos gastos millonarios de Armándola

Golpeada por la denuncia que un centenar de colegiados realizaron contra el Consejo Directivo del Colegio de Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER), la presidenta de la institución María Paula Armándola aún no pudo explicar los gastos por más de 81 millones de pesos en la sede institucional.

Uno de los principales motivos por los que los colegiados pidieron formalmente la remoción de Armándola, y de otros siete miembros de la Comisión Directiva del CCPIER, responde a la “utilización indebida y discrecional de recursos institucionales mediante el uso de la tarjeta de crédito del Colegio”. Según denunciaron los colegiados, se realizaron gastos en perfumería, entretenimiento digital, multas de tránsito y trámites particulares con la tarjeta de crédito institucional. “A ello se suma la detección de gastos en concepto de combustibles que no guardan correspondencia con desplazamientos institucionales comprobables, ni han sido rendidos debidamente conforme a los principios básicos de transparencia, control y legalidad que deben regir toda administración de fondos colegiales”, añadieron.

En un comunicado que reunió más de 95 firmas, los corredores dieron detalles de las irregularidades encontradas: “El Colegio respondió —por escrito— un pedido de informes y confirmó gastos por más de 81 millones de pesos en la sede institucional. Entre ellos 9.000.000 pesos en cartelería, 1.600.000 pesos en cortinas, 10.000.000 pesos en carpintería y 612.500 pesos en un cuadro cuya autoría es la pareja de la Presidenta”.

Entre las denuncias también se plantearon gastos millonarios en la obra de ampliación y refacción de la sede del Colegio, sin licitación ni explicaciones. “La administración de los fondos comunes debe ser clara, controlada y responsable. No vamos a naturalizar estos números sin explicación. A raíz de esta situación, un grupo de matriculados autoconvocados resolvió presentar una solicitud formal de remoción del Comité Ejecutivo”, agregaron los colegiados.

A su vez, los denunciantes sustentaron el pedido de remoción del Consejo Directivo del Colegio en otros 9 puntos fundamentales. Entre ellos está la decisión unilateral que tomaron las autoridades de separarse del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci). Según indicaron los colegiados, la resolución se adoptó “sin deliberación previa, sin dictamen jurídico, sin reunión abierta del Consejo Directivo y, lo que es aún más alarmante, sin intervención ni autorización de la Asamblea General de colegiados, órgano soberano de la institución”.

La ruptura con el Cofeci no solo representó “una decisión inconsulta, opaca y perjudicial para la proyección profesional y el prestigio del Colegio”, tal como señalaron los colegiados, sino que además se concretó con una “liviandad inaceptable” y “sin comunicación oficial clara”. A su vez, los denunciantes cuestionaron fuertemente “la flexibilización y alteración de los requisitos legales de matriculación”. Al parecer, se detectó la admisión de solicitudes de matriculación que no cumplían con las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente.

María Paula es hija de José María Armándola, quien dirigió el CCPIER durante casi 30 años. Encabezando la Lista Futuro Inmobiliario, María Paula Armándola asumió la presidencia del Colegio en 2022. En ese momento, afirmó que “hay confianza y compartimos que el Colegio es de todos, lo hacemos entre todos”. En 2024 fue reelecta. En estos años ha hecho diversas convocatorias a “trabajar en equipo, colaborativamente, y a manejarse dentro de la ley”.

Sin embargo, bajo su gestión, el CCPIER atraviesa una crisis institucional sin precedentes y Armándola no parece dispuesta a justificar los siderales gastos que ha encarado la institución y que mantienen en vilo a cientos de colegiados.