El Gobierno de Javier Milei le cobra a Bahía Blanca por usar puentes militares de emergencia

El secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, Gustavo Trankels, confirmó que el Gobierno de Javier Milei cobra al municipio por el uso de los puentes militares colocados tras la catástrofe del arroyo Maldonado. “Son dos los que se están alquilando, $17 millones por cada uno”, reveló el funcionario en diálogo con La Brújula 24.

Trankels explicó que los puentes fueron instalados por el Ejército Argentino días después de la inundación que afectó a la ciudad. “Estábamos muy agradecidos, pero luego nos dijeron que había que pagar para seguir contando con ellos”, señaló, con visible incomodidad. 

El costo del auxilio y la ironía del pago

Según el funcionario, el municipio debió firmar un convenio para no quedar incomunicado. “Si no pagábamos, se los llevaban”, ironizó. La frase expone la paradoja de un Estado nacional que, en lugar de asistir a una ciudad golpeada, decide facturarle el uso de estructuras de emergencia.

“En la situación en la que está Bahía Blanca, uno espera que todos los ámbitos del Estado vengan a colaborar”, lamentó Trankels, quien reconoció que el pago incluye además un costo de mantenimiento. El total asciende a $34 millones, una cifra difícil de asumir para una administración local aún en recuperación.

Un auxilio que se convirtió en negocio

El secretario sostuvo que la medida no parece provenir del Ejército, sino “de otro estamento nacional”. Con esa aclaración, apuntó indirectamente hacia la gestión libertaria. “Nos toca resolver el problema, pero estas decisiones se toman más arriba”, explicó, intentando deslindar responsabilidades operativas de las políticas.

En ese sentido, remarcó que un equipo técnico del Ejército sigue monitoreando la operatividad de los puentes. “Eso nos da tranquilidad, al menos en lo técnico”, dijo, aunque la frase sonó a consuelo más que a reconocimiento.

La reacción en Bahía Blanca y el costo político

El dato provocó sorpresa en la ciudad, donde la comunidad esperaba un gesto de respaldo de la Nación. La decisión del Gobierno fue interpretada como una muestra de la lógica de Javier Milei, más inclinada a cobrar servicios que a ofrecer asistencia estatal. “Esperábamos que el Estado viniera a colaborar”, insistió Trankels.

El episodio generó repercusiones políticas y tensó aún más la relación entre el municipio y la administración nacional. Desde el entorno del intendente, reconocieron que la prioridad fue evitar la desconexión de los barrios afectados, incluso a costa de asumir el polémico alquiler.

Un Estado que factura su propia ayuda

La controversia dejó al descubierto la nueva filosofía de gestión nacional: la asistencia convertida en negocio. Lo que en cualquier otro contexto sería ayuda humanitaria, bajo el gobierno de Javier Milei parece haberse transformado en una transacción contable. Los vecinos, mientras tanto, siguen cruzando los mismos puentes… pero ahora con factura incluida.