En San Martín, vuelven a generar polémica los vínculos entre el Colegio de Corredores y el Ejecutivo local

El intendente de San Martín Fernando Moreira y sus concejales “entregaron” hace unos días al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Martín una nueva ordenanza que prohíbe la instalación de establecimientos comerciales bajo la modalidad de franquicias, licencias o marcas. 

La visita de las autoridades municipales levantó polvareda en el sector inmobiliario, ya que evidencia la presión que ejerce ese Colegio presidido por José María Sacco frente al municipio para que se aprueben iniciativas que cruzan límites constitucionales. Sin tapujos, las autoridades dejaron trascender que “la iniciativa fue impulsada por José María Sacco, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Martín, quien trabajó de la mano con todos los bloques del Concejo Deliberante para garantizar la defensa de los profesionales locales”.

En lo que algunos denominaron “un peregrinaje infame para hacer entrega de la ofrenda”, el intendente Moreira y los concejales Diego Perrella (presidente del Concejo Deliberante), Juan Eslaiman, Xana Rodríguez y Andrés Ceriani “visitaron la sede del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos para entregar oficialmente el texto de la ordenanza a José María Sacco”.

Durante el evento, Moreira afirmó: “Cuando vimos que las franquicias afectaban a las 300 inmobiliarias locales, decidimos avanzar con todos los concejales en este proyecto para ayudar a las inmobiliarias del distrito. Destacamos el papel de José María Sacco para lograr esta ordenanza y toda la ayuda que nos brindó”.

El episodio volvió a poner en foco la actitud prepotente de Sacco, al tiempo que diversos especialistas remarcaron que los municipios suelen exceder sus facultades, cediendo ante las presiones de los dirigentes de los Colegios de Martilleros y Corredores. Lo cierto es que la regulación del ejercicio de profesionales liberales es competencia de los gobiernos provinciales en uso de su poder de policía, tal como han advertido distintos expertos.

“La Ley de Educación Superior” (Nº 24.521, de 1995) expresamente instituye, en su artículo 42, que el poder de policía de las profesiones con títulos universitarios de reconocimiento oficial estará sujeto del poder de policía de cada provincia. Con lo cual, los municipios, tienen prácticamente nula injerencia en este tipo de actividades”, señala un especialista en Abogacía del Estado.

De hecho, desde 2022, algunos municipios —impulsados por presiones corporativistas del sector— pretendieron sancionar ordenanzas prohibiendo que la actividad comercial inmobiliaria se desarrollara bajo ese giro o, en algunos casos, disponiendo sanciones a través de multas. “Este erróneo temperamento tuvo como causas, en esencia, dos circunstancias: el desconocimiento del marco jurídico imperante sobre la materia y la demagogia de algunos políticos de turno en pretender congraciarse con el ´mercado inmobiliario local´ a expensas de la expansión económica del sector”, sumó.

En el caso del Colegio de San Martín, su histórico presidente Sacco ya ha estado envuelto en decenas de polémicas sobre maniobras dudosas en la que se infraccionaron carteles inmobiliarios, así como operativos de control truchos en los que el municipio mantuvo silencio.

Asimismo, Moreira y otros cinco funcionarios de San Martín están imputados por el presunto delito de “defraudación en perjuicio de una administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documento público”.