
La Justicia Federal de Bahía Blanca implementó oficialmente el sistema acusatorio, un cambio estructural que, según especialistas, “era una cuenta pendiente que tenía la Argentina desde el regreso de la democracia”. Así lo afirmó el abogado Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), durante su visita a la ciudad.
El acto de apertura contó con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y reunió a jueces federales y funcionarios judiciales. Con esta incorporación, la jurisdicción de Bahía Blanca —que incluye a La Pampa— se suma a las regiones del país donde ya rige esta modalidad de persecución penal.
El nuevo sistema otorga un rol central al fiscal, quien será responsable de llevar adelante las investigaciones y definir su orientación. “El juez deja de concentrar tanto poder y pasa a controlar que la fiscalía cumpla con los límites de la Constitución y del Código”, explicó Alfie.
El especialista destacó que el modelo federal se diferencia del bonaerense por su “oralización completa” de los procesos. Todas las decisiones judiciales se tomarán en audiencias públicas y con plazos estrictos para resolver las causas, lo que reducirá la burocracia y los tiempos de tramitación.
Uno de los principales cambios es la fijación de límites temporales para los fiscales. “Históricamente la Justicia interpretó los plazos como ordenatorios, sin consecuencias. Ahora son plazos estrictos que incentivan a acelerar las investigaciones”, señaló Alfie, quien recordó que existen casos emblemáticos con más de veinte años abiertos, especialmente en los tribunales de Comodoro Py.
El modelo acusatorio apunta a mejorar la persecución del crimen organizado, como el narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos, al permitir una investigación más ágil y coordinada entre los distintos actores judiciales.
El abogado advirtió que la clave del éxito será la articulación entre fiscalías federales y provinciales. “En la provincia de Buenos Aires esa coordinación es casi nula, y eso genera muchos problemas. El nuevo sistema crea condiciones para que se generen equipos conjuntos de investigación y acuerdos de cooperación”, explicó el director del INECIP.
El cambio también introduce la figura de los auxiliares fiscales, funcionarios que podrán litigar en audiencias previas y fortalecer la capacidad operativa de la fiscalía. A medida que las causas antiguas se cierren, parte del personal de los juzgados podría pasar a cumplir funciones en las fiscalías.
“El desafío es que la política criminal logre enfocarse en los fenómenos más complejos”, sostuvo Alfie. Según el especialista, el sistema permitirá destinar los recursos humanos a causas de alto impacto social y desburocratizar aquellas de menor entidad. “No se trata solo de perseguir al que vende en la esquina, sino de atacar las estructuras criminales que lo sostienen”, afirmó.
El nuevo esquema, que ya funciona en jurisdicciones como Salta y Jujuy, busca consolidar una justicia más transparente, ágil y eficiente. Con la implementación en Bahía Blanca, el sistema acusatorio avanza un paso más hacia su plena aplicación en todo el país.