
En medio de la manifestación, algunos de los presentes increparon a los funcionarios con duros términos, reflejando el malestar creciente. “Se agotaron todas las instancias”, sostuvo Patricia Gorza, presidenta de la filial local de Federación Agraria, quien además advirtió que las medidas de fuerza se repetirán si el Ejecutivo municipal mantiene su postura.
La intendenta María José Gentile enfrenta a la vez una denuncia penal por estrago e incumplimiento de los deberes de funcionario público, vinculada a su rol en el Comité de Cuenca del río Salado. A esto se suma el paro de 72 horas anunciado por los trabajadores municipales en reclamo de mejoras salariales.
Con los caminos intransitables, la protesta del sector agropecuario y la administración paralizada por la medida gremial, el municipio quedó en el centro de una crisis política y social que amenaza con profundizarse.