Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación por falta de fondos

El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2026, pero suspendió su aplicación por la ausencia de recursos. La medida fue oficializada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial tras el rechazo legislativo al veto inicial.

El texto destacó que la insistencia del Congreso con mayoría especial obligó al Ejecutivo a promulgar la norma. Sin embargo, el Gobierno aclaró que solo podrá aplicarse una vez que Diputados y Senadores incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.

Costos y financiamiento en discusión

Según estimaciones oficiales, la implementación de la ley demandaría un gasto de $3,019 billones en 2025, equivalente al 0,35 % del Producto Bruto Interno. Solo la nueva Pensión no Contributiva por Discapacidad representaría más de $2,1 billones el próximo año, mientras que para 2026 la cifra ascendería a $4,7 billones.

El Decreto 681/2025 argumentó que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Aun destinando todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado, el monto resultaría insuficiente para cubrir los compromisos previstos.

El rol del Congreso y el veto inicial

El oficialismo recordó que la iniciativa había sido vetada por Milei mediante el Decreto 534/2025. En ese momento, el Gobierno advirtió que la falta de previsión financiera “pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención, perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”.

Pese a ello, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con la sanción de la ley por dos tercios en ambas cámaras, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

Medidas contempladas en la ley

La normativa prevé la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la declaración de interés público nacional de los servicios de prestadores, la compensación de emergencia financiada por el Tesoro, la actualización de aranceles según la fórmula de movilidad jubilatoria y beneficios fiscales para empleadores que contraten personas con discapacidad.

En paralelo, contempla recursos para el Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a titulares de pensiones no contributivas. Este rubro demandaría más de $574.000 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026.

Una aplicación en suspenso

El Gobierno subrayó que “para cumplir con la ejecución de la Ley N° 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”. De esa manera, la entrada en vigencia de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó supeditada al debate legislativo sobre el Presupuesto 2026.