La Provincia se hace cargo de un error del ENRE y evita cobrarle a los usuarios

Este jueves se publicaron en el Boletín Oficial dos resoluciones clave del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense que traen alivio a las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia. Los convenios benefician tanto a las empresas del conurbano (EDENOR y EDESUR) como a las del interior (EDELAP, EDEA, EDEN y EDES).

Por un lado, la Resolución 918/25, firmada el 11 de septiembre, aprueba un acuerdo con EDENOR por $17.690 millones y con EDESUR por $7.000 millones, a pagar en tres cuotas trimestrales a partir de diciembre de 2025. Estos fondos compensan un error del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que demoró en notificar a las compañías el nuevo esquema de tarifa social vigente en la Provincia.

La demora hizo que, entre junio y julio de 2024, las distribuidoras facturaran con el régimen anterior. La diferencia podía haberse trasladado a los usuarios, pero se trataba de hogares en situación de vulnerabilidad económica y social. Para evitar ese impacto, la gestión de Axel Kicillof resolvió hacerse cargo del desfasaje “en forma excepcional”, destinando casi $25 mil millones del presupuesto provincial.

En paralelo, la Resolución 921/25 oficializó un entendimiento con las distribuidoras bajo la órbita provincial. Allí no hay un desembolso directo de fondos, pero sí un beneficio: la suspensión del cobro y ejecución de sanciones aplicadas por el OCEBA desde junio de 2017. Además, se difiere la acreditación a los usuarios de las compensaciones por deficiencias en el servicio hasta seis meses después de que se aplique el nuevo cuadro tarifario de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en curso.

El objetivo declarado es “atenuar la afectación del flujo de fondos con que cuentan las distribuidoras para operar y mantener el servicio”. Como contraparte, las empresas aceptaron suspender las demandas judiciales y reclamos arbitrales iniciados contra la Provincia por las sanciones ahora postergadas.

Con estas medidas, la administración bonaerense busca evitar un ajuste retroactivo sobre los usuarios vulnerables y, al mismo tiempo, garantizar que las distribuidoras cuenten con margen financiero para sostener el servicio eléctrico.