
El escándalo estalló con la filtración de audios del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, quien relató un presunto esquema de sobornos que alcanzaría entre US$ 500.000 y US$ 800.000 mensuales por contratos de medicamentos, cuyo destino sería en parte Karina Milei y el dirigente Eduardo “Lule” Menem. A raíz de las grabaciones, se ordenaron catorce allanamientos, incluyendo oficinas, domicilios y la Andis; se secuestraron teléfonos, documentos y dinero; y Spagnuolo fue removido del cargo y reemplazado temporalmente.
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Karina Milei, su hermano Javier, Menem y ejecutivos de Suizo Argentina, una empresa farmacéutica, por presuntos delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la administración pública. La oposición exigió explicaciones en el Congreso, mientras el Gobierno admite que la Justicia debe investigar y afirma que el Presidente no está directamente involucrado.
El escándalo ocurre en un contexto político complejo: coincide con el rechazo parlamentario al veto presidencial de una ley clave para personas con discapacidad, exponiendo una contradicción en la política social del Gobierno. Además, la oposición y organizaciones de derechos lamentan que mientras se recortan beneficios, se investigan presuntas coimas en el mismo organismo encargado de proteger a las poblaciones más vulnerables