Colegios de Corredores y Tribunales de disciplina: la persecución como norma, en el ojo de la tormenta

A medida que el sector inmobiliario debate lo que significaría una desregulación, diversos mecanismos que la industria ha normalizado en las últimas décadas se ponen en tela de juicio. Entre las prácticas más criticadas –y que hablan de la parcialidad con que se manejan múltiples aspectos de la actividad– aparecen la persecución y el hostigamiento que los Colegios de Corredores Públicos y Martilleros ejercen sobre los profesionales.

Muchos de los ejemplos han sido protagonizados por colegiados que “osaron” apostar por nuevas herramientas y nuevas formas de hacer negocio. Decenas de corredores que han recurrido al trabajo con los servicios inmobiliarios que ofrecen las franquicias, por ejemplo, han sufrido el escarmiento: denuncias infundadas, multas y suspensiones para ejercer la profesión.

En todos esos casos, a lo largo y ancho del país, los cuestionamientos han recaído sobre los Tribunales de Disciplina de los Colegios, haciendo especial énfasis en su falta de ética. La parcialidad con la que se manejan estos órganos aparece, de hecho, entre los principales argumentos de quienes entienden que es necesario transformar el sector inmobiliario modernizándolo y aportando transparencia.

Tal como afirman los propios colegiados, los Tribunales de Disciplina de los Colegios perdieron hace años su misión original y actualmente solo funcionan como “ejecutores” de los intereses de las dirigencias. Se han transformado en una herramienta de presión: como voces del oficialismo, son utilizados para perseguir profesionales y presionar sobre propios y ajenos en función de blindar los negocios de la “casta dirigencial”.

Todo el andamiaje de las imputaciones formuladas por esos órganos –que se utilizan para justificar graves sanciones a los profesionales perseguidos– suele asentarse sobre meras conjeturas de los Consejos Directivo denunciantes, de los Tribunales de Disciplina departamentales y de los Consejos Provinciales. “Simples especulaciones que pretenden elevar a la categoría de indicios a partir de un examen superficial de la documentación colectada de sitios de internet o de redes sociales”, tal como sostuvieron los jueces en un fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo que resultó bisagra: en esa sentencia categórica, que sentó precedente, la Justicia desarticuló una acción del  Colegio de Martilleros de Mar del Plata contra los profesionales que contratan servicios inmobiliarios complementarios para desarrollar sus actividades.

Y más allá de la infructuosa “lucha contra las franquicias” que encararon los Colegios en los últimos años, los profesionales han denunciado otro tipo de persecución y amenazas. Así lo advirtió recientemente el martillero que impulsa el sistema MLS (que se basa en una premisa de colaboración entre inmobiliarias) en la localidad de Olavarría, Diego Ibarlucía. El avance del sistema MLS –estructurado sobre el networking, la colaboración, la transparencia, la formación continua y el uso de las nuevas tecnologías– fue muy mal recibido por los dirigentes de Martilleros BA. Tal como denunció Ibarlucía, a medida que el modelo se posiciona entre los clientes que buscan precios justos, los sectores de poder dentro del mercado inmobiliario se ocupan de obstaculizar su desarrollo.

Con mecanismos similares, hace poco el Colegio de Martilleros de Mar del Plata pidió a sus pares de La Plata que investiguen a Viviana Yacoub, presidenta de Yacoub Real Estate & Developers. La corredora, que recientemente se expresó a favor de la desregulación inmobiliaria, intenta abrir una oficina en la ciudad balnearia. Desde el sector sospechan que se trataría de una “venganza”.

Y mientras los Colegios se empecinan en perseguir a profesionales sin fundamentos razonables –más allá de la intención de atomizar el mercado–, muchos de los dirigentes de esas entidades recurren a agentes inmobiliarios de forma disimulada (aunque frente a las cámaras los critican) o hacen la vista gorda, como ocurrió recientemente con el sistema de franquicia lanzado por la red Vremont: por medio de licencias, la red que ya cuenta con 16 inmobiliarias busca atraer a profesionales que tengan “compromiso con la ética profesional y ganas de ser parte de una comunidad”.

Prácticas burdas, amedrentamientos judiciales que terminan en un despilfarro de dinero por parte de los Colegios e inconsistencias sistemáticas son las que llevan a cada vez más profesionales a señalar el fin de una forma de concebir la actividad inmobiliaria.