
Mientras avanza la privatización de rutas nacionales, el Ejecutivo nacional dio otro paso hacia el desguace del Estado: aprobó el nuevo plan de acción para AySA, la empresa que abastece de agua potable y cloacas a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El texto, publicado en el Boletín Oficial mediante la resolución 221/2025 de la Secretaría de Obras Públicas, ratifica que el objetivo es concretar la privatización de la compañía.
El nuevo esquema reemplaza al plan quinquenal aprobado en 2023 y se plantea como una “etapa de transición” entre la gestión pública y la futura concesión o venta. Según detalla el documento, se busca crear “condiciones operativas adecuadas” para garantizar la continuidad del servicio bajo un modelo privado.
AySA quedó habilitada para ser privatizada tras la sanción de la Ley Bases, y en los últimos meses comenzó un fuerte proceso de reestructuración interna. De las 299 obras en ejecución al cierre de 2023, solo 36 seguirán adelante y más de 50 fueron canceladas. A esto se suman más de 200 despidos, un recorte de inversiones y una suba tarifaria del 343%, según el Observatorio de Tarifas y Servicios del IIEP (UBA–CONICET).
El documento oficial afirma que el plan busca acercar los ingresos tarifarios a los costos operativos. En paralelo, se están readecuando los procesos internos de la empresa y renegociando contratos, mientras se avanza en la liquidación de obras públicas.
Con operaciones en 26 municipios del conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires, AySA es una empresa estratégica: presta servicio de agua a 11,3 millones de personas y de saneamiento a 9,4 millones. Su posible venta abre interrogantes sobre la calidad, cobertura y accesibilidad futura del servicio para millones de bonaerenses.