
Múltiples causas por estafas millonarias en departamentos de pozo se amontonan en la Justicia y tapizan los medios de comunicación. Miles de personas engañadas y miles de metros cuadrados prometidos que nunca se hicieron realidad. En medio de los escándalos están las desarrolladoras inmobiliarias, empresas supuestamente expertas en la planificación, financiamiento, diseño y comercialización de proyectos.
Esas empresas son el centro de diferentes investigaciones que avanzan en La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires y Córdoba, entre otros puntos. Uno de los casos más rimbombantes es la acusación contra la desarrollista cordobesa Márquez y Asociados: según datos del Ministerio Público Fiscal, más de 27.000 personas podrían haber sido damnificadas. Ya hay más de 4.000 denuncias registradas. Por el momento se encuentran detenidos los hermanos Matías, Ariel, Juan Pablo y Lucas Márquez, y también el contador Ramiro Nieva. Se los acusa del delito de asociación ilícita y estafa. Márquez y Asociados prometía la construcción de “casas llave en mano”: se encontraron registros de cerca de 30 mil contratos firmados, aunque la empresa sólo habría cumplido con la entrega de 2.500 unidades.
A esa mega estafa se suma una serie de denuncias contra Induplack Fiduciaria, administradora de fideicomisos para la comercialización de unidades en edificios en construcción en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires creada en 2008. Cuatro integrantes de la familia L’Abbate están procesados en esa causa en la que Vito Antonio L’Abbate aparece como jefe de una asociación ilícita de la que participaban sus tres hijos y el apoderado de Induplack, Patricio Gastón Flores. La fiscalía también solicitó el procesamiento de Gabriel y Pablo Brodsky, asociados en los emprendimientos de Induplack a través de la desarrolladora inmobiliaria Predial.
También se destapó recientemente la mayor estafa inmobiliaria en la historia de La Plata: desarrolladores vendieron sin tener autorización para subdividir las fracciones ni para crear el barrio cerrado Ribera. Más de 700 terrenos fueron vendidos a no menos de 60.000 dólares cada uno. Por esas estafas, además de embargar a los urbanizadores de barrios en loteos ilegales en las afuera de La Plata, el municipio instó a los colegios profesionales y técnicos “a informar y asesorar debidamente a sus matriculados para que se abstengan de participar en estas prácticas ilegales que vulneran el ordenamiento jurídico local y perjudican a los vecinos y ciudadanos platenses”. Algo similar ocurrió con otros barrios cerrados como Pueblo, desarrollado por la empresa Berlín: tras la clausura de los proyectos, desde el municipio responsabilizan incluso a la gestión del ex intendente Julio Garro, ya que según indicaron, los emprendimientos “fueron autorizados en forma irregular”.
Lo cierto es que los múltiples escándalos que involucran desarrolladoras inmobiliarias no hacen más que desprestigiar al sector, al tiempo que siembran sospechas sobre cómo tantas empresas han conseguido avanzar libremente en miles de estafas a lo largo y ancho del país. Tal como denuncian diferentes profesionales, las desarrolladoras han logrado tener el “camino liberado” en múltiples municipios, con una evidente connivencia política. Al menos eso se investiga en distritos como La Plata, Córdoba y Mar del Plata.
A medida que la Justicia recibe cada vez más denuncias contra las desarrolladoras, vale mencionar a qué se dedican esas firmas. Se trata de empresas que compran los terrenos, planifican la venta de las propiedades, obtienen el financiamiento, consiguen los permisos de construcción y definen el diseño de las edificaciones. “Mientras que la constructora ejecuta el edificio, la desarrolladora busca el terreno, define precios de venta, cantidad de viviendas y todo lo que sea necesario para que haya buena venta. También exhibe departamentos modelos, busca clientes, busca inversores y explota el edificio. Muchas desarrolladoras también construyen o subcontratan la construcción de la obra”, explica un arquitecto consultado por este medio.
Asimismo, los expertos de la industria subrayan las enormes diferencias entre cómo actúan las desarrolladoras en Argentina en relación a lo que sucede en el resto del mundo. En otros países, el financiamiento de los proyectos inmobiliarios proviene en su mayor parte de créditos bancarios. A su vez, las entidades bancarias financian a compañías que poseen capital, un detalle más que significativo. En Argentina, los proyectos se hacen sin deuda bancaria, con capital de inversores pero sin patrimonio. Allí radica buena parte del peligroso sistema que hoy tiene a los desarrolladores en la mira.