Escándalo en Hurlingham: sancionaron a Juan Zabaleta por un desvío de más de $84 millones

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sancionó al exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, por graves irregularidades detectadas en la rendición del ejercicio 2023. Se le reclamó un total de más de $84 millones por contrataciones sin respaldo, pagos injustificados y obras mal certificadas.

La resolución fue emitida en abril de este año y marcó un fuerte revés para el dirigente peronista, quien recibió una multa de $1.450.000 y cargos solidarios por $83.786.324,06, compartidos con otros exfuncionarios municipales. En total, el monto observado por el organismo asciende a $84.101.418,12.

“El municipio mandó documentación parcial, no informó sobre superposición de períodos contratados, ni acompañó documentación que permitiera identificar patente y titularidad de los vehículos”, sostuvo el organismo en su dictamen.

Vehículos sin documentación y bonificaciones sin justificación

El Tribunal observó que durante 2023 se alquilaron camionetas y camiones sin detallar su titularidad ni matrícula. En muchos casos, las secretarías ya contaban con flotas propias, lo que agravó las dudas sobre la necesidad real de esos contratos. La documentación entregada fue calificada como “ilegible o incompleta”.

Además, se detectaron pagos bajo los conceptos de “Bonificación por Capacitación” y “Bonificación por Dedicación Exclusiva” sin ningún tipo de respaldo. No se adjuntaron decretos, legajos ni constancias que justificaran los beneficios otorgados a los funcionarios.

Obras públicas bajo sospecha

Uno de los puntos más graves señalados en el fallo fue la refacción del Microestadio de Villa Tesei. El Certificado de Avance de Obra N° 1 informaba un 76% de avance, pero no contaba con las firmas del inspector ni del representante técnico de la empresa adjudicataria. Solo firmaron Zabaleta y el secretario Mario Rafael Ochoa.

La obra fue tramitada mediante la Licitación Privada N° 121/23 y actualmente no está finalizada. El Tribunal ordenó verificar su ejecución efectiva y sancionó el incumplimiento normativo detectado.

Contrataciones directas por millones y responsabilidad compartida

El dictamen también cuestionó varias contrataciones directas donde correspondía realizar licitación pública. Entre ellas, figura la adjudicación de trabajos por más de $168 millones a la empresa Desarrollos Beccar S.A., para refaccionar las Escuelas N° 3 y N° 25.

Según el Tribunal, el municipio argumentó su decisión con una doctrina “no relacionada con el tema aquí cuestionado”, y violó el artículo 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Los cargos formulados alcanzan a exfuncionarios de distintas áreas, como Hacienda, Contaduría, Tesorería, Seguridad, Compras y Obras Públicas, entre ellos Carlos Augusto Dichiara, Gustavo Gabriel Schiariti, Facundo Cadavid, Agustín Castro Bravo y otros.

Posibles devoluciones y revisión final

Si los involucrados no justifican los gastos señalados, deberán reintegrar los fondos al erario municipal. Según el fallo, las observaciones implican un “perjuicio al erario público”, y Zabaleta, como máxima autoridad del municipio durante 2023, carga con la mayor parte de la responsabilidad.

La resolución quedó firme y se iniciaron los trámites para exigir las devoluciones correspondientes. Mientras tanto, el expediente permanece abierto a la espera de que los exfuncionarios presenten la documentación requerida para descartar las sanciones.