
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) es una de las compañías estatales que el Gobierno de Javier Milei planea privatizar. Alejo Maxit, el actual presidente de la empresa, ha confirmado esta intención, ofreciendo algunos detalles sobre el proceso.
"Se llevará a cabo una privatización transparente, buscando que sea lo más irreversible posible", declaró el funcionario de la coalición libertaria. En una entrevista con el diario La Nación, Maxit precisó que el objetivo es vender el 90 por ciento de AySA, que corresponde al Estado nacional.
Sus dichos no tardaron en generar repudio y uno de los que le salió al cruce fue Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Según él, la privatización "ya sucedió y salió mal, muy mal".
La privatización de AySA se llevó a cabo en 1993 y se extendió hasta 2006. Según el ministro Katopodis, durante ese periodo "no se realizaron obras durante años, se solicitaron créditos que nunca se destinaron a inversiones, no se amplió la red de saneamiento ni se mejoró el mantenimiento de la red de agua potable".
De acuerdo con los datos del Censo Nacional de 2022, AySA aún tiene un largo camino por recorrer. En el informe sobre condiciones habitacionales del INDEC se revela que solo el 57,8 por ciento de las viviendas en los 24 distritos del conurbano bonaerense cuentan con cloacas, mientras que el 75,2 por ciento tiene acceso al agua de red.
Estos son dos de los principales servicios proporcionados por la empresa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Katopodis destacó que en los últimos años se han realizado obras para mejorar el acceso a los servicios públicos. "Durante la gestión de Malena Galmarini, 1.8 millones de personas lograron acceder al agua potable y 1.3 millones a cloacas", afirmó.
Las cifras oficiales indican que la gestión actual tenía la responsabilidad de continuar con la expansión de las redes de agua y saneamiento. Sin embargo, los libertarios optaron por cerrar el ENOHSA y privatizar AySA. El ministro bonaerense expresó: "El gobierno de Milei está condenando al Gran Buenos Aires y a las regiones más desfavorecidas del interior a no poder reducir las brechas en el acceso a agua y saneamiento. Es una decisión equivocada desde el punto de vista sanitario, económico y social".