Preocupación de Kicillof por pérdida de inversiones

La multinacional Philip Morris decidió suspender una inversión de US$300 millones que planeaba hacer en la Argentina para empezar a fabricar y exportar productos de tabaco calentado en su planta de Merlo, provincia de Buenos Aires. 

En la empresa confirmaron la decisión tras conocerse una resolución del Ministerio de Salud que prohíbe la comercialización de este tipo de productos en el mercado argentino.

Fuentes de Massalin Particulares -la filial local de Philips Morris- explicaron a LA NACION que el proyecto que ahora quedó en suspenso contemplaba el desembolso de US$180 millones en la ampliación de la fábrica de Merlo -que hoy está destinada a la producción de cigarrillos tradicionales- y otros US$120 millones en la adquisición de los equipos y las máquinas para la fabricación del nuevo producto. El proyecto además contemplaba la contratación de 200 operarios directos y potenciales exportaciones desde la Argentina al exterior por US$100 millones.

 “El tabaco recalentado era la gran apuesta de la compañía para el mercado argentino y de hecho ya estábamos avanzando con la inversión, iniciando los trámites para la importación de equipos, aunque ahora todo quedó suspendido por la resolución oficial”, explicaron fuentes de Massalin Particulares.

Tal como publicó Infobonaerenses, el Ministerio de Salud prohibió la importación, distribución, comercialización y publicidad en todo el país de distintos tipos de cigarrillos electrónicos, incluidos sus accesorios, por ser potencialmente dañinos para la salud.

La decisión se tomó “en base a los riesgos que representa” el uso de este tipo de productos y alcanza además a todo tipo de accesorios destinado al funcionamiento de dichos sistemas o dispositivos, como asimismo a cartuchos y barras de tabaco para ser calentadas.

El Ministerio recordó que, en un contexto de retracción del consumo de tabaco en muchos países del mundo, las compañías tabacaleras y otras empresas “han introducido en el mercado nuevos productos alternativos, como los dispositivos electrónicos para fumar o inhalar aerosoles con o sin nicotina”.

Bajo la idea de que estos productos están desprovistos de los efectos deletéreos del tabaco convencional, este tipo de dispositivos son habitualmente utilizados como reemplazo, especialmente en los lugares donde se prohíbe fumar.

Según marcó la cartera sanitaria, múltiples investigaciones independientes señalaron que los cigarrillos electrónicos o PTCs “producen aerosoles con nicotina y otras sustancias químicas como el acetaldehído, la acroleína y el formaldehido, las cuales son dañinas y potencialmente dañinas para la salud”.

De acuerdo a la información provista por el ministerio, en Argentina el consumo de cigarrillos electrónicos presentaba valores relativamente bajos, alcanzando al 1,1% de la población adulta según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018.

Pero en los adolescentes, el porcentaje registra un aumento “alarmante” que, según la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes del año 2018, alcanzó al 7% de la población de 13 a 15 años. En Argentina, el consumo de cigarrillos electrónicos alcanzó en forma exclusiva al 3% de los adolescentes, lo que llevaría la prevalencia total de 2018 al 21%

El consumo de tabaco en general no solo es perjudicial para la salud de sus usuarios –con alrededor de 45.000 muertes que representan el 14% de todas ellas–, sino que además significa un impacto enorme en las cuentas públicas del país, ya que genera un costo médico directo anual de más de $196.000 millones, un costo de productividad laboral perdida superior a los $91.000 millones, y costos de cuidado informal de más de $75.000 millones.

Así, la suma de estos costos del tabaquismo equivalen a más del 1,2% del producto bruto interno (PBI) del país.