Un proyecto de ley que regula el servicio y las condiciones de trabajo que ofrecen aplicaciones de mensajería y delivery como Rappi, Glovo o PedidosYa en la provincia de Buenos Aires, avanzó en la Legislatura luego que el Senado aprobara un dictamen para comenzar a tratar una normativa.

Así lo resolvió la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa del Senado bonaerense que ayer dio dictamen favorable al proyecto que busca crear un marco regulatorio para estas apps de mensajería y también fija las condiciones de seguridad para las personas que trabajan para estas empresas en la provincia de Buenos Aires.

«El proyecto de ley busca darle un marco normativo sobre seguridad vial, civil y la de aquellos que presten este nuevo servicio de manera directa o indirecta» explicó el Senador de Cambiemos, Gabino Tapia, a través de las redes sociales.

La iniciativa de legislador oficialista fue presentada en la Cámara alta en diciembre del 2018 con el fin de evitar vacíos legales, ante el avance de las nuevas plataformas digitales de mensajería como Glovo, Rappi y PedidosYa, entre otras.

Entre los principales puntos, destaca crear un registro para los titulares de la actividad, para quienes la ejerzan y para los vehículos utilizados para dicha labor, como así establecer las condiciones de seguridad para quienes trabajan para estas empresas.

En este sentido, el senador precisó que «es necesario proteger a los trabajadores mediante la creación de un registro y que las empresas proporcionen cascos protectores, indumentaria refractiva y un seguro para accidentes». Y explicó que «no corresponde legislar sobre si este servicio es una nueva modalidad o relación de trabajo, pero sí nos pareció importante darle un marco regulatorio a la actividad».

Cabe recordar que tiempo atrás la Justicia porteña le había ordenado al Gobierno de la Ciudad que prohíba la actividad de las empresas de delivery Rappi, Glovo y Pedidos Ya en todo el territorio porteño, hasta tantos sus repartidores cumplan con las medidas de seguridad exigidas por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.

La medida dictada por el titular del Juzgado N°2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, también preveía que sea el Ejecutivo porteño quien «subsidie» a los repartidores durante todo el tiempo que estén impedidos de prestar servicios. Luego, el Gobierno porteño recusó al juez por «la falta de imparcialidad evidenciada en el tratamiento de la causa».

Fuente: DIB