25 junio, 2022 4:13 am

El municipio de Azul pasó a la ilegalidad de la mano de su intendente Bertellys

En respuesta a lo solicitado por el Colegio de Martilleros de Azul, el municipio aprobó en 2019 dos ordenanzas ilegales que prohíben, en forma inconstitucional, la publicidad y/o habilitación de inmobiliarias llevadas adelantes por martilleros que contratan servicios complementarios a través de franquicias. En febrero, la Corte Suprema de Justicia nacional llamó a audiencia pública para tratar el tema, lo que suspende hasta entonces cualquier fallo.

A pedido del Colegio de Martilleros de Azul, a través de su presidente Nahuel Gangoiti, y con el visto bueno de Bertellys, el Concejo Deliberante votó la ordenanza 4242/19, para limitar el ejercicio del corretaje inmobiliario de martilleros que contratan servicios complementarios a través de franquicias,a partir de una falsa interpretación de la ley 10.973 que regula el ejercicio profesional de los Martilleros y Corredores Públicos en la provincia de Buenos Aires.

Además, votaron la ordenanza 4352/19 para “prohibir, en el ámbito del partido de Azul, la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias”.

Ambas normativas municipales, además de ser discriminatorias y arbitrarias, son inconstitucionales; surgidas a pedido del Colegio de Martilleros con el propósito de limitar el mercado a un grupo reducido eliminando así la competencia, en un sector sumamente deprimido.

Por qué son inconstitucionales las ordenanzas

El órgano legislativo de los municipios es el Concejo Deliberante. Entre las facultades que tiene está la potestad de establecer el modo y la forma de exhibición de la publicidad en vía pública.

Consultados al respecto, referentes del rubro publicitario coinciden en señalar que los municipios están habilitados para establecer la forma en que se hace publicidad en la vía pública, “pero de ninguna manera están habilitados a limitar selectivamente qué mensajes se difunden y cuáles no, qué inmueble se publicita y cuál no. Pueden establecer pautas generales sobre la forma, no sobre el contenido”. Una de las fuentes consultadas ejemplifica con la publicidad de bebidas alcohólicas o de cigarrillos: son leyes nacionales a las que adhieren provincias y municipios, y se aplican para todos. “Así como plantean algunos intendentes, sería como prohibir que una marca de cigarrillos haga anuncios, y otra no. Un disparate”.

Por su parte, especialistas en Derecho Municipal remarcan que las intendencias no tienen competencia para regular la publicidad ni el ejercicio de la profesión de los corredores inmobiliarios ya que son facultades del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales: “Ni las leyes nacionales, ni las provinciales, ni la Ley Orgánica de las Municipalidades otorgan a los Municipios competencia para regular el ejercicio de estas profesiones ni su publicidad”.

A su vez, la ley nacional 20.266 y la bonaerense, 10.973 que regulan la actividad de martilleros y corredores, nada dicen acerca de limitar el uso de marcas o nombres de fantasía para ejercer la profesión, ni restringen la publicidad. Estas normativas sí establecen que la actividad de corretaje inmobiliario debe ser realizada por profesionales matriculados en los Colegios Profesionales pertinentes.

Mientras tanto algunos intendentes que no se dejaron influenciar por las presiones de los Colegios y la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) coinciden en afirmar que no existe sustento legal alguno para legislar restringiendo el derecho a trabajar.

Qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Las medidas prohibicionistas contradicen el ordenamiento jurídico y el estado de derecho ya que cercenan garantías fundamentales con jerarquía constitucional. En ese marco, a principios de este año la Corte Suprema anunció que tratará la cuestión –que no solo se da en Azul sino que es replicada en varias jurisdicciones- en audiencia pública. En ese contexto, el máximo tribunal —al aceptar el tratamiento del tema— deja en suspenso cualquier norma o fallo relacionado con la prohibición.

Mientras tanto, los municipios de Almirante Brown, Ayacucho, Azul, Berazategui, Berisso, Bolívar, Campana, Chacabuco, Chivilcoy, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Madariaga, General Pueyrredón, Partido de La Costa, Magdalena, Monte Hermoso, Necochea, Pehuajó, Pinamar, Punta Indio, Salliqueló, Salto, San A. de Areco, San A. de Giles, San Cayetano, Tandil, Tordillo, Trenque Lauquen, Villa Gesell y Zárate, tienen algo en común: votaron y aprobaron ordenanzas que contradicen normas de mayor jerarquía, como son las leyes nacionales y provinciales, y lesionan el derecho a trabajar.

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