La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió crear un Sistema de Aporte Solidario con las contribuciones voluntarias de jueces y funcionarios del Poder Judicial, al tiempo que impulsa una serie de “medidas de austeridad” para colaborar con la adquisición de insumos para atender a pacientes en el marco de la pandemia de coronavirus.

La Resolución 14/20 lleva la firma del presidente de la Corte Eduardo de Lazzari y fue acordada con todos los ministros de la Suprena Corte y obtuvo la adhesión del Procurador Julio Conte Grand. En rigor, dispone la creación de un fondo compuesto por aportes voluntarios de entre un 15% y 20% del sueldo básico de los integrantes de la Suprema Corte, los jueces del Tribunal de Casación, de las Cámaras de Apelación y de primera instancia, como también de funcionarios de alto rango del servicio de justicia.

Cabe señalar que los aportes serán voluntarios, ya que sobre los haberes de los magistrados rige el principio de intangibilidad. Lo que se recaude con la iniciativa, que regirá hasta el 30 de junio según surge de la Resolución, será destinado al Ministerio de Salud y a instituciones que trabajen en la atención y contención del COVID-19 en la Provincia.

Entre los fundamentos, “el Tribunal expresa que es consciente del esfuerzo que la generalidad de los magistrados ponen cotidianamente al servicio de la función judicial incluso durante esta grave emergencia; como también lo es del rezago que tienen sus remuneraciones comparadas con otras jurisdicciones del país”. Sin embargo, añade, que “ante el duro trance que enfrenta la sociedad argentina elevadas razones de interés público tornan aconsejable instar el mecanismo solidario”.

La iniciativa se da en el marco de los crecientes reclamos en todo el país por la reducción salarial de los funcionarios de la clase política, que en las últimas horas se manifestó a través de “cacerolazos”.

Además, la Corte decidió adoptar un programa de medidas de austeridad del gasto “tendientes a generar el ahorro de partidas que pudieran complementar el Fondo Solidario”.

Entre esas iniciativas se destacan: congelar la cobertura de cargos existentes al 31 de marzo del corriente año, con excepción de aquellas situaciones valoradas por Tribunal como necesarias a la prestación del servicio de justicia; suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias, con excepción de aquellos que cuentan con inmuebles propios y/o inmuebles ya locados y suspender la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital.

También posponer la compra de material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial, con excepción de aquellas suscripciones ya contratadas; y el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables autorizadas por el Tribunal.

Además, suspender el pago de horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual, y de las ya programadas en el marco de la implementación de la Ley “Micaela” de capacitación obligatoria en género.

Y establecer que los Magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria. No están comprendidos en este punto los equipos dispuestos para los organismos judiciales de turno o en guardias.

Finalmente, el Tribunal estableció que quedan exceptuadas de las medidas de austeridad y de prioridad del gasto, las contrataciones para adquirir bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria, a partir de las acciones implementadas por el Tribunal o su Presidencia para el resguardo de la salud de los trabajadores.

Fuente: DIB