En lo que fue otra jornada negra para el Intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, ayer la Justicia Federal allanó cinco edificios municipales por la causa de malversación de fondos públicos en la entrega de microcréditos. Los avances de la Justicia no hacen más que confirmar la administración fraudulenta de los fondos que la gestión de Ducoté recibió de Nación.

Ya a principios de septiembre, cuando ocurrieron las primeras intervenciones de la Justicia había trascendido que algunos funcionarios terminaron encerrados en sus oficinas por temor a que se les pidiera alguna declaración. En la tarde de ayer, el clima que se vivió fue todavía peor cuando el ingreso se hizo directamente al edificio en donde trabaja el propio Intendente. Según se supo, los agentes se llevaron documentación, con el fin de echar luz al circuito que se le dio a los $300.000.000 del programa Mejor Hogar, que debían ser otorgados como créditos blandos para viviendas. Tal como se detalla en la denuncia, se registran varias irregularidades en la entrega de dichos préstamos: por un lado, figuran en los listados beneficiarios que declaran jamás haber solicitado un crédito; pero además hay pruebas de que el dinero se ofrecía a la gente a cambio del voto a la fuerza Junto por el Cambio en las elecciones generales de octubre.

Además de la oficina de la Secretaría Privada del Intendente, los otros edificios a los que ayer ingresó la Justicia para buscar pruebas fueron la oficina de Microemprendimientos, ubicada en Estanislao López (exruta 8) 1130, el área de Gestión Territorial y el Polo Productivo, ubicados en la localidad de Del Viso, y la sede de la delegación de Villa Rosa.

Semanas atrás la misma operatoria había ocurrido sobre la oficina de microcréditos, que preside Federico Leonhardt -uno de los funcionarios más involucrados en la causa- y varios corralones de materiales que formaron parte del circuito. Según se detalla, existen pruebas de vecinos que se acercaban a estos corralones a buscar materiales pero, en lugar de eso, recibían un monto de dinero en efectivo, por un monto menor al que se detallaba en el crédito.

En ambas oportunidades, la Justicia solicitó documentación referida a trámites, contrataciones y listados de beneficiarios del programa.