24 septiembre, 2022 5:17 pm

Chivilcoy: Guillermo Britos puso en riesgo el patrimonio municipal

El Concejo Deliberante de Chivilcoy aprobó en 2019 la ordenanza 9551 que perjudica el trabajo de inmobiliarias y empresas de publicidad. Si el municipio en manos de Britos no dan marcha atrás, incurrirá “en responsabilidad civil patrimonial, al igual que los concejales en forma personal, porque los daños que ya están causando son mensurables económicamente y de muy fácil prueba en sede judicial”, advirtieron desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI).

Chivilcoy sancionó la ordenanza 9551/19 que dice “Se prohíbe la habilitación municipal de oficinas inmobiliarias que lo soliciten, bajo nombres de fantasía y/o representación de franquicias de cualquier tipo”. Además “prohíbe dentro del radio del partido de Chivilcoy la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias de cualquier tipo, disponiendo la remoción inmediata de publicidad de este tipo que pudiere existir en nuestro partido”.

En sintonía con una veintena de municipios bonaerenses, la norma inconstitucional, en contradicción con la ley orgánica de las municipalidades y el Código Civil y Comercial, pretende frenar la competencia dentro del sector inmobiliario, por lo que las firmas afectadas podrían iniciar acciones legales para que se repare el daño sufrido.

La iniciativa persecutoria se inició en 2020, cuando el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA) denunció a RE/MAX de ejercer “una actividad ilícita” ante la Inspección General de Justicia (IGJ) quien, mediante la resolución N° 350, estableció que debía iniciarse un juicio para disolver RE/MAX Argentina SRL. La empresa apeló ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y este órgano judicial ordenó, a fines de mayo, dejar sin efecto la resolución con expresa imposición de costas al organismo.

En su momento, a la iniciativa de CUCICBA se plegaron el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y una veintena de colegios distritales bonaerenses. Con prácticas similares y “argumentos” casi idénticos lograron que varios municipios se sumaran a la prohibición basándose en lo dispuesto por la IGJ. El objetivo, en todos los casos, es el mismo: eliminar parte de la competencia comercial.
Al respecto, el presidente de CAMESI Mariano García Malbránafirma que “la resolución de la IGJ fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con expresa imposición de costas. Esto cambia absolutamente el panorama de las ordenanzas, que ya eran ilegales porque son contrarias a la Ley Orgánica de las Municipalidades al legislar sobre aspectos y cuestiones que van más allá de su competencia; pero ahora este fallo de la Cámara Nacional deja a los municipios y a los concejales en un riesgo legal de exposición patrimonial enorme. Y la realidad es que están causando un daño muy importante, no solamente a la industria inmobiliaria, sino también a la de la publicidad”.

Malbrán además indica que “los municipios van a ser responsables patrimonialmente por daños y perjuicios civiles. Estas acciones serán iniciadas por los corredores inmobiliarios que contrataron los servicios de las marcas y tuvieron un daño patrimonial enorme, derivado de una ordenanza ilegal. Asimismo, las asociaciones de publicistas se encuentran analizando el mismo camino. Además, los concejales podrán recibir cargos patrimoniales por su responsabilidad personal frente al Estado, porque se basaron en una resolución administrativa de un organismo del Poder Ejecutivo que aún no se encontraba firme para prohibir la actividad comercial de empresas que prestan un servicio absolutamente legal y que genera muchos puestos de trabajo e ingresos económicos de manera directa e indirecta”.

Además de Chivilcoy, los municipios, concejales e intendentes de Ayacucho, Azul, Berazategui, Berisso, Bolívar, Almirante Brown, Chacabuco, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Madariaga, General Pueyrredón, Partido de La Costa, Magdalena, Monte Hermoso, Necochea, Pehuajó, Pinamar, Punta Indio, Salliqueló, Salto, San A. de Areco, San A. de Giles, San Cayetano, Tandil, Tordillo, Trenque Lauquen, Villa Gesell y Zárate, están reñidos con el orden jurídico al mantener vigentes las ordenanza prohibicionistas. Así las cosas, deberían vetarlas para evitar acciones judiciales millonarias que afectarán las finanzas de los municipios y el patrimonio de los concejales que la votaron.

Compartí:

Noticias Relacionadas

Destacadas

Más Noticias