Argenprop, Zonaprop y Mecado Libre entre otras podrían verse impedidas de publicitar su marca en Mar del Plata

La comisión de “Legislación, Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana” del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó un proyecto de ordenanza que establece la “prohibición de la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo nombre de fantasía o en representación de licencias o marcas”.

De ser aprobada finalmente por el cuerpo legislativo, la normativa -que según expertos es inconstitucional- no solo atentaría contra empresas del sector como Argenprop, Zonaprop, Mecado Libre, Remax y Century 21, entre otras, sino que afectará directamente la sustentabilidad de los medios locales de comunicación y de las empresas de publicidad en vía pública.

El lunes 21 de diciembre en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón, entre otras comisiones, se reunió la de “Legislación, Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana”, con Cristina Coria (UCR) en su rol de titular. Trataron un proyecto presentado por la concejala Vilma Baragiola (UCR), que finalmente aprobaron luego de eliminar los dos primeros artículos.

Al cierre de la votación Coria señaló: “Para pasar en limpio, estaríamos tratando un proyecto de ordenanza que, con la eliminación de los primeros dos artículos, quedarían los que establecen la prohibición de la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo nombre de fantasía o en representación de licencias o marcas, que dará lugar a la imposición de una multa para las personas humanas y jurídicas responsables”.

Como cierre enumeró que el proyecto, con dichas modificaciones, se aprobó por mayoría con los votos positivos del Frente de Todos, el Frente Renovador, la Agrupación Atlántica y la UCR; mientras que los concejales Agustín Neme (VJ) se abstuvo y sus pares Alejandro Carrancio (VJ) y Angélica González (CC ARI MdP) votaron en contra.

Especialistas consultados al respecto advierten que no existe ninguna restricción a la publicidad inmobiliaria. Ya que la ley 20.266 solo establece ciertos requisitos de la publicidad para el caso de los martilleros, quienes deben “anunciar los remates con la publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar del remate y descripción y estado del bien y sus condiciones de dominio”.

Pero el señalamiento relevante es que los municipios no tienen facultades para legislar sobre cuestiones de fondo en cuanto a publicidad. Es la justicia quien debe determinar cuándo un tipo de publicidad no corresponde o es ilegal. Recordemos que una normativa similar intentó avanzar sin éxito en el partido de Pinamar, donde el propio intendente Martín Yeza así lo expresó en los considerandos del veto a la resolución y destacó que los municipios no pueden legislar sobre publicidad.

Al igual que en el caso pinamarense, en donde la medida se impulsó desde el legislativo dado los vínculos con el Colegio de Martilleros de esa jurisdicción; en Mar del Plata, se advierte como un dato en este sentido, el hecho de que el proyecto presentado por la concejala Vilma Baragiola coincidió en tiempo y forma con uno de similares características ingresado por mesa de entradas por el Colegio de Martilleros distrital.

Dado la interna en el radicalismo y la necesidad de Baragiola de conquistar apoyos y recuperar su imagen, se especula con que este sería su modo de congraciarse con los intereses marcados por el Colegio de Corredores. El accidente que en mayo de 2019 sufrió su jefe de campaña a bordo de un BMW perteneciente a la empresa que tiene a cargo el servicio urbano de transportes en Mar del Plata, es una prueba de cómo entiende el uso del Estado la concejala. También recordada por el video que Eva Moyano aportó a la Justicia en 2013, donde ella y su secretario Antonio Costantino piden una “colaboración” para aprobar la desafectación del chalet del gremio, que le valió la destitución en el cargo.

La preocupación que se instala fuerte por estas horas en Mar del Plata, es el impacto económico que, de avanzar esta medida ilegal, tendrá entre quienes sostienen su negocio a través de pauta publicitaria en medios y en vía pública.

Al respecto, desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) no se explican los motivos por los que se impulsa una medida perjudicial para la comunidad y para muchos martilleros y corredores públicos que eligen operar legalmente con marcas o franquicias que les brindan servicios que no se vinculan con el corretaje inmobiliario, sino que es todo lo complementario a la actividad inmobiliaria.

“Un grupo reducido de inmobiliarias quieren imponer sus mezquindades y pretenden cerrar el mercado; impidiendo que aparezcan empresas que presten servicios inmobiliarios de manera innovadora, tecnológica y con un salto de calidad en el servicio que brinda el sector”, afirmaron desde CAMESI.

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redaccion

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