Nuevo DNU migratorio: podrán expulsar extranjeros por incitar al odio contra argentinos

El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones mediante el DNU 681/2026 e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra los argentinos, inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

La medida fue adoptada en medio de una serie de agresiones y expresiones hostiles difundidas en redes sociales, especialmente tras el reciente Mundial de la FIFA. Con la reforma, quienes incurran en esas conductas podrán ser rechazados en la frontera o expulsados del territorio argentino.

Antes de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente anticipó la decisión a través de un mensaje en la red social X. Allí sostuvo que Javier Milei firmó un decreto que incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión a "todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios".

El comunicado oficial agregó que, frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la Argentina, "la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable" y remarcó que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Con la modificación normativa, no podrán ingresar ni permanecer en el país quienes hayan emitido mensajes de odio de forma oral o escrita, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o un ciudadano argentino por razones de nacionalidad, participado en actos de ultraje a los símbolos nacionales o promovido cualquiera de esas conductas.

Además, el decreto modifica el artículo 63 de la Ley de Migraciones para establecer que, cuando una residencia sea cancelada por estos motivos, la autoridad migratoria podrá intimar al extranjero a abandonar el país dentro del plazo que determine o disponer directamente su expulsión, según las circunstancias de cada caso.

En los fundamentos, el Poder Ejecutivo afirmó que, si bien Argentina mantiene una histórica tradición de apertura hacia los inmigrantes, el Estado conserva la potestad soberana de fijar las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros para proteger el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.

El texto sostiene también que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, por lo que considera necesario reforzar las herramientas legales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de quienes incurran en esas conductas. Asimismo, remarca que los símbolos patrios representan la soberanía y los valores fundamentales de la Nación, por lo que merecen una protección jurídica especial.

No obstante, el decreto aclara que las nuevas restricciones no alcanzarán al disenso ideológico ni a la crítica política, académica o ciudadana, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional. El Gobierno argumentó que la medida se enmarca en los límites que admite la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto de la apología del odio y la incitación a la violencia.