El abogado y concejal de Unidad Ciudadana del distrito bonaerense de Coronel Dorrego, Osvaldo Barcelona, denunció penalmente a la administración municipal que conduce el radical Raúl Reyes para que se investigue la “posible comisión de delito contra la administración pública municipal” tras la extensión del servicio de la red cloacal en una cuadra con un solo frentista, que resultó ser un funcionario municipal.

“Estoy pidiendo que se investigue, yo tipifico un delito, lo que no significa que sean los que se está cometiendo, es la justicia la encargada de resolverlo”, advierte a Letra P Barcelona, quien explicó en qué consiste la denuncia que salpica la gestión de un intendente que responde a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Según se desprende de la denuncia, el concejal evalúa que se podría estar ante el delito de malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y peculado, y describe que “entre los meses de agosto y octubre de 2017, sin que mediare, prima facie, autorización del Poder Ejecutivo Municipal ni del Honorable Concejo Deliberante mediante una ordenanza, la realización de una obra de extensión de la red de servicios cloacales de al menos 50 metros de extensión, más conexión” de una cuadra “para beneficio de una construcción que serían de propiedad del señor Horacio Ullmann” actual funcionario del municipio de Coronel Dorrego en la Dirección de Obras Sanitarias.

En esa línea, en la presentación judicial se indica que se “han utilizado bienes del estado municipal para realizar una obra, sin autorización, sin contar con la adecuada afectación de fondos, lo que demostraría que se han malversado caudales públicos y/o un fraude el perjuicio de la administración pública”.

“Todas las obras deberían de pasar por el Concejo, porque son de utilidad pública y de pago obligatorio para los frentistas”

“Hubo un abuso de su lugar como funcionario para el desarrollo de la obra, porque haciendo valer su lugar en el municipio llevó una cuadrilla y utilizó materiales del municipio”, resaltó a Letra P el concejal y remarcó que ante la presentación judicial el municipio envió una ordenanza al Concejo para que se autorice la obra que ya está hecha.

En esa línea, evaluó que si la irregularidad no se habría denunciado “el frentista, que es un funcionario, no se vería obligado de abonar por el servicio y su conexión”

“Yo no acuso a alguien puntualmente, pero hay un responsable por acción u omisión”, dijo y señaló que pidió que se cite a testimoniar “a los funcionarios implicados” en la irregularidad: al director de Obras Sanitarias; al director de Obras Públicas; al secretario de Obras y Servicios Públicos; al director de Compras del municipio; al jefe responsable de suministro y/o depósito; y al contratista interviniente.

Fuente: Letra P