Es ley proyecto de Policía Judicial

camara de diputados arliaLa Legislatura bonaerense sancionó hoy la ley que crea la “Policía Judicial”, una institución que fue incluida en la Constitución de 1994 pero que nunca se implementó y que se dedicará exclusivamente a la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de las pruebas en delitos complejos.

La norma, que fue sancionada hoy en la Cámara de Diputados, establece que el nuevo organismo no se llamará Policía Judicial sino “Cuerpo de Investigadores Judiciales” que dependerá orgánica y funcionalmente de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El Cuerpo de Investigadores Judiciales estará compuesto por especialistas en criminalística, en investigación tecnológica, escena del crimen, levantamiento de rastros, médicos forenses, abogados, químicos forenses, contadores y psicólogos.

La ley establece que el cuerpo de investigadores actuará en aquellos casos en los que, debido a la estructura organizativa de los autores que involucra, a las características propias de la comisión del hecho ó la complejidad requerida para la investigación, los Agentes Fiscales dispongan su intervención.

También lo harán en la investigación de homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito Doloso y en la investigación de ilícitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad y penitenciarias con motivo o en ocasión de sus funciones.

Será un cuerpo de será de “naturaleza civil, no militarizada”, aunque la norma faculta a establecer relaciones “institucionales de cooperación y coordinación con las policías y demás fuerzas de seguridad y de investigación, las que no pueden implicar dependencia funcional ni subordinación operativa”.

La estructura interna se integrará con un Director General, que dirigirá la institución junto a un Subdirector General que durarán 4 años en sus funciones pudiendo ser reelectos y tres secretarios: Técnico-Científico, Investigación y Formación-Capacitación.

Además la ley prevé que funcionen Subsecretarías descentralizadas en el ámbito de los departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires para lo que la La Procuración General fijará la cantidad y la competencia regional de cada una, de acuerdo a los índices delictivos, geográficos y poblacionales de los Departamentos.

También se crea en el ámbito de la Legislatura bonaerense el Observatorio Parlamentario del Cuerpo de Investigadores Judiciales, organismo que acompañará la implementación de la ley en el marco del cumplimiento de sus objetivos y formulará recomendaciones que contribuyan con el normal y adecuado desarrollo institucional del Cuerpo.

El proyecto de creación de la Policía Judicial había sido enviado a la Legislatura por el gobernador Daniel Scioli, aunque una vez ingresado al Senado, el vicegobernador Gabriel Mariotto dispuso la realización de foros para debatirla.

De esos foros, que se realizaron en San Martín, Florencio Varela, Junín, Mar del Plata, Azul, Bahía Blanca, Zárate y La Plata entre los meses de marzo y mayo, surgieron varias modificaciones al proyecto original, entre ellas denominar al organismo “Cuerpo de Investigadores Judiciales”.

La norma establece un plazo de 6 meses a partir de su sanción para que el Ejecutivo nombre a las autoridades de la nueva fuerza y, según fuentes gubernamentales, el objetivo es que el año próximo funcione como prueba piloto en el Departamento Judicial de Mar del Plata.

Al fundamentar el proyecto en el recinto, el diputado del Frente para la Victoria, Marcelo Feliú, explicó que la ley “termina con una demora y una omisión absolutamente inconstitucional” y que avanza a “revertir cuestiones que son estructurales y que en todos los coincidieron que había que terminar”.

“Esta era una cuestión de Estado que debíamos resolver, porque la investigación en manos de la policía no garantiza un buen final porque desnaturaliza un eje fundamental: la Policía es para la prevención y el Poder Judicial para investigar”, graficó.

Sostuvo que con esta ley “estamos otorgando los debidos roles que les cabe a cada uno de los actores en materia de seguridad” y resaltó el consenso logrado con todas las fuerzas políticas más allá de algunas divergencias.

Es que el proyecto fue aprobado por unanimidad en general, aunque las fuerzas opositoras hicieron observaciones en algunos artículos en particular, principalmente en la competencia del nuevo cuerpo que por el momento estará centrado en la investigación de delitos complejos.

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